Este miércoles 4 de febrero se materializó la Oferta Pública de Adquisición (OPA)  anunciada por Millicom para adquirir las acciones de Telefónica (Movistar), que iba entre el 22 de enero al 4 de febrero de 2026.

La Bolsa de Valores de Colombia (BVC), a través de un Boletín Informativo, anunció que el total de acciones demandadas alcanzó el 67,5 % de las acciones en circulación, una cifra clave para la consolidación de la operación y que permite la fusión entre Tigo y Telefónica. Una operación que ya cuenta con el aval de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y que está sujeta a múltiples condiciones.

Sumado a ese proceso, el pasado 27 de enero, Millicom anunció que resultó adjudicataria del 100% de las acciones que aún estaban en manos de Empresas Públicas de Medellín (EPM) en UNE EPM Telecomunicaciones S.A., operación que le permitirá consolidar la totalidad de la propiedad de Tigo Colombia.

Con el avance de esta adquisición, en la práctica, Colombia pasará a tener un duopolio en telecomunicaciones, en el que Tigo y Movistar dejarán de competir directamente en más de 19 mercados, incluidos los servicios móviles y fijos.

Lo que viene

De acuerdo con la compañía, uno de los primeros efectos visibles será tanto simbólico como operativo: la sede principal se trasladará del edificio de Tigo al de Movistar, que se convertirá en la nueva base del grupo fusionado.

Un cambio que fue anunciado en una reunión interna encabezada por Alfonso Gómez, director de operaciones de Telefónica para la región, y Fabián Hernández, CEO de la compañía, según reveló la periodista Camila Zuluaga en Código Caracol. 

Por ahora, no habrá trámites ni modificaciones inmediatas para los clientes. Los usuarios seguirán siendo clientes de Movistar y se mantendrán intactas las condiciones actuales: planes, precios y contratos no sufrirán cambios, ni se aplicarán ajustes unilaterales como consecuencia directa de la fusión.

El último paso pendiente

Aunque el acuerdo entre las empresas privadas ya está cerrado, aún resta la venta de las acciones que mantiene el Estado colombiano. El Gobierno fijó el precio en 772 pesos por acción y, de concretarse la operación, recibiría al menos 855.000 millones de pesos. Con ello, el Estado dejaría de ser accionista y el nuevo esquema empresarial del sector quedaría plenamente consolidado.

La fusión Tigo–Movistar no sólo redefine el mapa competitivo de las telecomunicaciones en Colombia, sino que abre un nuevo capítulo en el debate sobre concentración de mercado. 

 

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