El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) informó este 17 de noviembre, que solicitó a las empresas operadoras la suspensión de 3.766 servicios móviles durante el estado de emergencia, en atención a requerimientos de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público. Según el comunicado, las líneas estaban vinculadas a casos de extorsión, secuestro, sicariato y otros delitos.
De las 3766 líneas que serán suspendidas, 1302 corresponden a clientes de Entel; 1006 a usuarios de Bitel; 816 son de Integratel; 640 líneas móviles pertenecen a Claro, y 2 a Flash.
Según el regulador, esta acción se sustenta en el Decreto Supremo 124-2025-PCM, modificado por el DS 127-2025-PCM, que faculta la suspensión inmediata de líneas móviles con el objetivo de reforzar la lucha contra la criminalidad y mejorar la eficacia de las intervenciones en este periodo excepcional.
Tatiana Piccini, directora de Atención y Protección del Usuario del OSIPTEL, señaló en el comunicado que las suspensiones solicitadas reflejan el compromiso del organismo con la seguridad ciudadana. Además, precisó que las empresas operadoras deben informar diariamente al regulador sobre la ejecución de estas medidas.
Supervisión de chips previamente activados en Perú
La modificación normativa también habilita a la PNP a solicitar al OSIPTEL la suspensión inmediata de líneas asociadas a chips telefónicos que se comercialicen previamente activados. Durante los operativos, la policía deberá remitir al regulador las características de los equipos y tarjetas SIM incautados.
El organismo recordó que las empresas operadoras son responsables de todo el proceso de comercialización y contratación del servicio móvil, incluidas la identificación y el registro de clientes, así como el del personal autorizado para la venta.
Estado de emergencia
El estado de emergencia en Lima y el Callao entró en vigencia el 22 de octubre, tras la declaración del presidente José Jerí, quien argumentó que la medida responde al incremento de la criminalidad y a la necesidad de pasar “de la defensiva a la ofensiva” en la lucha contra la delincuencia organizada.
El decreto, aprobado por el Consejo de Ministros, permite restringir derechos como la libertad de reunión y tránsito, y habilita acciones excepcionales como operativos de control, limitación de visitas en cárceles y la intervención de comunicaciones ilícitas.
Según lo publicado, Jerí sostuvo que su gestión busca recuperar la paz y la confianza ciudadana mediante intervenciones más contundentes, articuladas entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y los gobiernos locales. De hecho, a pocos días de cumplirse los 30 días iniciales, el mandatario anunció que la medida será prorrogada para reforzar el control territorial en zonas críticas y mantener la presión sobre organizaciones criminales responsables de extorsiones, secuestros y otros delitos.
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