El gobierno de México presentó este miércoles los cambios realizados a la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que plantea una reconfiguración institucional del sector. La propuesta fue expuesta durante la conferencia matutina del 25 de junio por José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Los cambios ya se enviaron al Senado para su análisis legislativo que se espera sea esta semana.
La iniciativa contempla la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con atribuciones técnicas y operativas en materia de espectro radioeléctrico, licencias y vigilancia del sector. En paralelo, la Comisión Nacional Antimonopolio —sectorizada a la Secretaría de Economía— asumiría funciones en materia de competencia económica y regulación asimétrica.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es el reconocimiento del Estado como proveedor de servicios de telecomunicaciones, bajo dos modalidades: con fines comerciales, en igualdad de condiciones frente a operadores privados; y con fines sociales, mediante el uso gratuito y preferente del espectro para garantizar conectividad en espacios públicos y oficinas gubernamentales. En este último caso, se utilizaría principalmente la infraestructura de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos.
En términos de derechos digitales, la ley contempla medidas para mejorar la experiencia del usuario, como la obligación de que todos los equipos terminales estén desbloqueados, el acceso gratuito a números de emergencia sin necesidad de saldo, y la interoperabilidad entre redes. Asimismo, se proponen lineamientos para asegurar la accesibilidad tecnológica en plataformas digitales, así como la promoción de dispositivos adaptados para personas con discapacidad.
Para las redes comunitarias, indígenas y sociales, el anteproyecto propone mecanismos para facilitar su operación y sostenibilidad, incluyendo acceso simplificado al espectro, la posibilidad de comercializar publicidad local y el derecho a recibir recursos públicos de comunicación social. También se establece la figura de uso temporal del espectro para actividades educativas, científicas o culturales, y se buscará facilitar el otorgamiento de licencias a radioaficionados.
En materia de gestión del espectro, la iniciativa contempla el reordenamiento de bandas, especialmente en zonas urbanas como la Ciudad de México, donde se buscaría facilitar la migración de estaciones de AM a FM. Según Merino, la medida responde a demandas previas de actores del sector respecto al aprovechamiento eficiente del espectro radioeléctrico.
Otro componente relevante de la propuesta es la digitalización y homologación de trámites para el despliegue de infraestructura, incluyendo la simplificación de permisos y medidas para ordenar el cableado urbano. También se incluyen disposiciones para reforzar la seguridad de los usuarios móviles, como la exigencia de una identificación oficial para activar nuevas líneas telefónicas, con el objetivo de reducir el riesgo de fraudes y suplantación de identidad.
En cuanto a contenidos, se recuperan principios establecidos en la legislación vigente, como la distinción entre hechos y opiniones, la existencia de defensores de audiencias y códigos de ética. Se elimina, sin embargo, el artículo 109, bajo el argumento de evitar interpretaciones que puedan asociarse a mecanismos de censura.
La propuesta también incluye lineamientos para incorporar una perspectiva de género en el acceso al espectro y busca establecer regulaciones sobre el uso de recursos orbitales, con miras a preservar la soberanía espacial del país y mitigar la generación de desechos en órbita.
De acuerdo con Peña Merino, el objetivo de la propuesta es modernizar el marco regulatorio, ampliar el acceso a servicios digitales en condiciones equitativas y garantizar una distribución más eficiente y transparente del espectro, sin afectar la dinámica competitiva del mercado.
Imagen: Gobierno de México.
