Colombia se convierte en uno de los primeros países del mundo en alcanzar un acuerdo amplio entre el Gobierno, el Congreso, las empresas tecnológicas y los repartidores para regular este modelo laboral. La reforma laboral aprobada recientemente establece un marco legal para los trabajadores de reparto digital, conciliando la protección social con la flexibilidad que caracteriza a este tipo de empleo.
En entrevista con Mobile Time Latinoamérica, José Daniel López, presidente de Alianza In Colombia —gremio que reúne a las principales plataformas tecnológicas del país— explica el alcance de esta nueva regulación, sus diferencias con iniciativas similares en otros países, y los retos técnicos y operativos que implica su implementación.
Mobile Time Latinoamérica: ¿Qué significa esta nueva regulación para el modelo de negocio de las plataformas de reparto en el país?
José Daniel López: Este es un momento sin precedentes a nivel internacional. En el mundo, empezando por la Organización Internacional del Trabajo, se está dando una discusión muy dura y, de alguna manera, muy polarizada entre dos visiones en torno al trabajo en plataformas.
Ha pasado muy pocas veces que gobiernos —y sobre todo gobiernos de izquierda, por su cercanía con los movimientos sindicales— y empresas logren acuerdos sobre la forma apropiada de regular el trabajo en plataformas.
El primer factor importante de este acuerdo es que marca un precedente, vuelve a Colombia pionero en términos de poder llegar a acuerdos en un mundo donde, en general, no se están logrando consensos sobre este tema.
José Daniel López, presidente de Alianza In Colombia
Y esta fórmula «a lo colombiano», que construimos conjuntamente con el Gobierno desde Alianza In y que fue aprobada con muy amplio respaldo por el Congreso, logra conciliar dos objetivos que en otras partes del mundo están en tensión, pero que en Colombia ya no lo están: el bienestar y la protección de los repartidores, por un lado, y, por el otro, la adaptación de las normas laborales —que en su gran mayoría son del siglo XX— a las realidades del trabajo digital del siglo XXI.
Creo que ese es el gran significado para el mundo de este acuerdo hecho en Colombia.
¿En qué se diferencia esta regulación colombiana de las que se han propuesto o aprobado en otros países?
Lo más distintivo del caso colombiano —a diferencia de lo ocurrido en Chile, México o España— es que este es el fruto de un consenso. Un consenso en el que confluyen el Gobierno, mayorías amplias del Congreso, los repartidores y las empresas de plataformas.
Ese es el gran significado, que logra un equilibrio que a veces parece inalcanzable con otras regulaciones. Avanzamos en mejorar la protección y las condiciones laborales de los repartidores, sin que esa protección se haga a expensas del trabajo de muchos ni de la naturaleza de cómo funcionan estos modelos de negocio de economía colaborativa. Se pacta con las empresas que han traído esta revolución digital del siglo XXI.
Una vez se sancione la ley por parte del presidente, ¿cuál es el tiempo para que entre en vigencia lo acordado en la reforma por parte de las plataformas y de los repartidores?
La ley de Reforma Laboral es muy clara, hay un régimen de transición. Ahora el balón está en la cancha del Gobierno. Nosotros estamos listos para ayudar, porque ellos deben cumplir una serie de obligaciones de reglamentación e implementación.
Una vez cumplidas esas obligaciones, señaladas expresamente en la reforma, las plataformas tendrán un año de tiempo para alistarse a este cambio. Este cambio tiene muchas complejidades, implica nuevas plataformas o cambios profundos en las plataformas PILA (Planilla Integrada de Liquidación de Aportes), levantamiento de información de cientos de miles de repartidores, y desarrollos tecnológicos importantes.
Superado ese alistamiento y ese año de transición, ya entrará en vigor este nuevo modelo.
¿Cómo planean implementar este modelo a nivel operativo y técnico en las plataformas?
Viene un proceso técnico. Por un lado, hay un proceso de reglamentación. Todas las leyes tienen un carácter general, y por la vía reglamentaria hay que llenarlas de contenido.
Un ejemplo es la cotización a la seguridad social. La reforma establece que se hará sobre el ingreso generado, cualquiera que sea, tomando como base las horas trabajadas. Esto requiere una reglamentación clara del Gobierno Nacional, y esperamos participar en esa construcción.
También hay obligaciones de implementación, cómo ajustar las planillas PILA para que las empresas aporten el 60 % de salud y pensión, y el 100 % de riesgos laborales, para trabajadores que siguen siendo independientes. Ese es un gran reto.
Además, se requiere caracterizar a los repartidores para conocer su condición frente al sistema de seguridad social. Esos son los desafíos por delante.
¿Cómo garantizarán la transparencia en el proceso de afiliación, tanto por parte de las plataformas como de los repartidores?
En la medida en que esto será ley una vez el presidente la firme, se vuelve obligatorio para todas las partes. Se establece la obligación de acordar el tipo de contrato: si será un contrato de trabajo tradicional o independiente.
Cuando se trate de un contrato de trabajo independiente —como ocurre en la mayoría de los casos— la empresa aportará el 60 % de salud y pensión, y el 100 % de riesgos laborales. Estas son obligaciones legales cuyo cumplimiento es obligatorio, y su infracción se sanciona conforme a la ley vigente en Colombia.
¿En el caso de los repartidores extranjeros o migrantes, se contemplaron condiciones para ellos?
Sí. Es algo de lo que me siento orgulloso. Este es un cambio, pero un cambio responsable. Muchos migrantes, que huyeron de condiciones humanitarias extremas, hoy encuentran en las plataformas una opción de generar ingresos.
Con esta ley, no solo podrán generar ingresos y aportar a seguridad social, sino que tendrán un régimen especial. Así como muchos colombianos emigraron a Venezuela hace 40 o 50 años, muchos de estos jóvenes migrantes seguramente se quedarán aquí, y esta ley les permitirá hacer su primer aporte a pensión y estar cubiertos por una EPS.
Es una gran noticia. En la medida en que cumplan con los requisitos legales, podrán trabajar en plataformas como cualquier otro ciudadano.
¿Estas nuevas obligaciones para las plataformas tendrán algún impacto en el usuario final, como en los costos de envío?
La posición de Alianza In —acuerdo construido con las plataformas más importantes del país— fue cuidar que no se afectara el acceso de los usuarios. Cuando se hizo este acuerdo en 2023, las plataformas lo analizaron a fondo para evitar que se redujera el mercado o que aumentaran los precios de forma sustancial.
Por supuesto, hay nuevos costos, porque las plataformas contribuirán a la seguridad social de los repartidores. Pero dependerá de cada empresa, en un mercado de libre competencia, definir cuánto de ese costo se traslada al usuario.
Lo que sí puedo afirmar es que si estas empresas aceptaron el acuerdo, es porque confían en que no afectará negativamente al mercado ni a los beneficios actuales de los usuarios.
¿Cuál es el impacto social y económico de esta nueva norma?
Un estudio reciente sobre el impacto de plataformas de reparto en la seguridad de municipios de São Paulo (Brasil), hecho por una candidata a doctorado del MIT, muestra que la llegada de plataformas reduce la violencia en barrios populares. Porque muchos jóvenes encuentran en ellas una alternativa a los ingresos provenientes de la delincuencia.
En Colombia, estudios anteriores muestran la misma tendencia. Llas plataformas transforman sociedades y brindan oportunidades en sectores vulnerables.
En 2024, según encuestas hechas a repartidores, 645.000 cuentas entregaron una o más órdenes en Colombia. Importante aclarar que no se trata de 645.000 personas, porque un mismo repartidor puede trabajar en varias plataformas.
Además, más de 7,5 millones de usuarios hicieron al menos un pedido, y más de 135.000 cuentas de negocios (restaurantes, panaderías, farmacias, supermercados) vendieron a través de ellas.
Esto no solo mejora la seguridad y ofrece oportunidades, también facilita la vida cotidiana de millones de ciudadanos.
La mayoría de los repartidores trabajan en varias plataformas. En ese caso, ¿quién asume la responsabilidad del pago de seguridad social? ¿Tienen que quedarse en una sola plataforma?
No. La reforma es clara: cuando son independientes, nadie los puede obligar a trabajar en una sola plataforma. Tienen la libertad de operar en varias.
Cada plataforma debe reportar y aportar lo correspondiente a lo que ese repartidor produjo en ella durante el periodo.
La reforma solo incluye a las plataformas de reparto, pero deja por fuera las de movilidad. ¿Desde Alianza In planean impulsar una regulación para ellas?
Hemos insistido al Gobierno y al Congreso en que avancen en la regulación de plataformas de movilidad.
Hoy, lo primero que necesitan los conductores es dejar de ser perseguidos, multados e inmovilizados por las autoridades. No tiene sentido regular su trabajo si sus vehículos siguen siendo objeto de persecución.
Seguimos diciendo que es urgente regular estas plataformas. En los últimos cuatro años, el Gobierno no ha hecho nada en esta materia, como tampoco los anteriores. Lo único que avanza es un proyecto del senador Julio Díaz, que fue aprobado en primer debate.
