Como respuesta a las múltiples preocupaciones que ha generado la iniciativa de una nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión en México, el Senado de la República anunció la realización de cinco foros temáticos a celebrarse entre el 8 y el 22 de mayo.
El objetivo de estos encuentros será someter a discusión pública los aspectos más relevantes de la propuesta legislativa que pretende sustituir el actual marco regulatorio vigente desde 2014.
Los foros forman parte de un ejercicio de parlamento abierto aprobado por la Junta de Coordinación Política del Senado. La decisión busca dar cumplimiento al reglamento que faculta a las comisiones legislativas a convocar consultas públicas para enriquecer el análisis de iniciativas.
Esta apertura surge luego de la polémica generada por la velocidad con la que se pretendía aprobar la nueva ley, así como por puntos específicos del documento, como el artículo 109 que ha sido criticado por su redacción ambigua sobre la posible suspensión de plataformas digitales.
¿Cuáles serán las temáticas de los foros de discusión sobre la Ley de Telecomunicaciones?
Cada foro abordará una temática distinta. El primero, que tendrá lugar el 8 de mayo, estará enfocado en las políticas generales del sector y los criterios de regulación, mientras que el segundo, el 13 de mayo, girará en torno a la cobertura social y el acceso al espectro radioeléctrico, incluyendo temas como la expansión de redes comunitarias y la política satelital.
Uno de los encuentros que podría generar mayor debate será el del 15 de mayo, dedicado a los servicios digitales. Se analizarán asuntos relacionados con contenidos, plataformas de streaming, publicidad extranjera e infraestructura. En esta sesión se espera una discusión intensa sobre el alcance del Estado para intervenir en plataformas digitales, considerando las preocupaciones sobre presuntas medidas de censura.
El 20 de mayo, el foro se centrará en el servicio público de radiodifusión, incluyendo los distintos tipos de uso del espectro: comercial, público y social, este último con especial atención a los medios comunitarios, indígenas y afromexicanos. Finalmente, el 22 de mayo se discutirá sobre los derechos de los usuarios y audiencias, abarcando temas como la programación, la publicidad y los mecanismos de protección del consumidor.
Aunque aún no se ha hecho pública la lista de expertos, representantes de la sociedad civil o actores del sector que participarán en estos encuentros, las comisiones responsables —Radio y Televisión, Comunicaciones y Transportes, y Estudios Legislativos— serán las encargadas de sistematizar las propuestas y aportaciones recogidas durante los foros para la elaboración del dictamen final.
Este ejercicio legislativo se considera crucial, dado que las telecomunicaciones y la radiodifusión son reconocidas como servicios públicos esenciales para garantizar derechos fundamentales. Por ello, se espera que las deliberaciones incluyan una amplia representación de actores sociales, económicos, técnicos y académicos, y contribuyan a construir un nuevo marco regulatorio más plural, justo y acorde con los retos actuales en conectividad, libertad de expresión y transformación digital.
Pueblos indígenas y comunidades afromexicanas exigen participación y equidad en la nueva legislación
En este contexto, representantes de pueblos indígenas, comunidades afromexicanas y concesionarios comunitarios han expresado su preocupación respecto a varios temas clave de la iniciativa, mediante un comunicado de prensa.
Uno de ellos es el acceso efectivo a la infraestructura de telecomunicaciones. Si bien se reconoció positivamente el impulso hacia una arquitectura abierta e interconexión de redes, se considera fundamental establecer en la ley la obligación para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de permitir el acceso a su red de fibra óptica por parte de redes de comunicación indígena, afromexicana y comunitaria.
Esta medida permitiría eliminar la dependencia actual del uso de Starlink como backhaul, lo cual representa riesgos para la soberanía nacional y de las comunidades. Además, se propone que la infraestructura pública ya existente en territorios indígenas pueda compartirse sin costo para fortalecer la operatividad de las concesiones de uso social.
Otro de los señalamientos que se puede ver en el documento es la preocupación sobre el riesgo de desplazamiento que enfrentan los concesionarios indígenas, afromexicanos y comunitarios frente a la participación del Estado como proveedor de servicios de telecomunicaciones.
En particular, los operadores móviles virtuales indígenas han sido afectados por programas de conectividad estatales, cuyos subsidios, proponen, deberían entregarse directamente a los usuarios, permitiéndoles elegir entre los distintos concesionarios sociales de su preferencia. Exigen, por tanto, un trato equitativo y beneficios comparables a los que actualmente recibe la CFE a través de la red compartida.
La imagen de arriba fue creada por Mobile Time con inteligencia artificial.
