El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) emitió la Resolución 064-2025, mediante la cual otorga un plazo de 30 días a las operadores móviles para depurar y validar la identidad de los usuarios con líneas activas bajo modalidad prepago.

La iniciativa responde a la creciente preocupación por el uso de líneas sin registro formal, una práctica que entorpece el trabajo de los organismos de seguridad y vulnera los derechos de los usuarios.

Según la nueva normativa, las empresas deberán identificar a cada usuario con un documento oficial —cédula, pasaporte o carnet de residencia— y almacenar esta información de manera segura. 

También deberán comunicar a sus clientes el procedimiento para validar sus líneas a través de mensajes de texto u otros medios. En caso de no cumplir con este proceso, las líneas serán suspendidas por hasta dos meses y posteriormente canceladas.

Durante la presentación de la medida, Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo del INDOTEL, detalló que en los últimos 18 meses se han reportado más de 54.000 celulares robados o extraviados en el país, un promedio de 100 por día, sin contar los reportes directos a la Policía Nacional ni los casos no denunciados. 

Además, alertó que cada mes ingresan al país alrededor de 4.000 celulares robados desde el extranjero, mientras que el 85% de las 400.000 líneas prepago que se contratan mensualmente son vendidas de forma informal en la calle, dificultando su control.

La resolución se fundamenta en los artículos 11 y 31 del Reglamento General del Servicio Telefónico, así como en el artículo 10 de la Norma que Regula la Contratación de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, que obligan a las prestadoras a asociar cada línea a una identidad válida.

Además de reforzar la seguridad ciudadana, la medida permitirá mejorar la operatividad del sistema de emergencias 911, al depender de información confiable para su efectividad, y servirá de apoyo para el Ministerio Público y los organismos de inteligencia en la investigación de delitos cometidos mediante dispositivos móviles.

 

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