La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), máximo tribunal constitucional de México, declaró constitucional el aprovechamiento del 2% que el Gobierno de la Ciudad de México cobra a plataformas digitales de entrega como Uber Eats, DiDi Food, Rappi, etc, por operar en la capital.
Dicho aprovechamiento, en la práctica, funciona como un cargo adicional que se aplica por cada entrega, independiente de otros impuestos que los trabajadores ya pagan, como el Impuesto Agregado sobre la Renta (IVA) o Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Este impuesto grava específicamente la intermediación digital, es decir, el uso de aplicaciones para conectar a comercios con repartidores y consumidores. La resolución mantiene vigente un esquema que ha sido objeto de debate desde su creación en 2021.
Contexto regulatorio mexicano
En México, las entidades federativas —como la CDMX— tienen autonomía para establecer impuestos y aprovechamientos locales, que no son equivalente a un impuesto general, sino a una contribución específica.
El artículo 307 TER aplica únicamente a plataformas que intermedian digitalmente entregas de bienes en la ciudad, pero no grava el servicio de entrega física ni a los repartidores. Tampoco puede trasladarse a usuarios o comercios, por lo que el costo debe ser absorbido por las empresas.
El origen del litigio
Uber impugnó el aprovechamiento en 2022 al argumentar que la circulación en vías públicas no puede considerarse “uso de infraestructura” sujeto a cobro adicional. Ese año obtuvo un amparo de un juez federal.
Sin embargo, el Gobierno de la CDMX apeló, llevando el caso a revisión ante la SCJN, que ahora resolvió revocar el amparo y declarar que el aprovechamiento es válido. En la resolución se detalla que los recursos obtenidos pueden destinarse “preferentemente al mantenimiento de la infraestructura de la ciudad, fortaleciendo el derecho a la movilidad y promoviendo un entorno más seguro, accesible y equitativo para todas las personas”.
Además, se determinó que este ingreso tiene la naturaleza de un aprovechamiento, es decir, un ingreso no tributario destinado a compensar el desgaste y uso intensivo de las calles, vialidades y demás bienes de dominio público.
Alianza In México dice que el impuesto es agresivo
Tras el fallo, Alianza In México, que agrupa a diversas plataformas digitales que operan en el país, lamentó la decisión al considerar que es regresiva y tendrá un impacto negativo en repartidores, restaurantes, comercios pequeños y usuarios.
La asociación advirtió en un comunicado de prensa que el gravamen introduce un trato fiscal diferenciado respecto de otros servicios que también utilizan infraestructura urbana, por ejemplo, operadores logísticos tradicionales, y podría comprometer obligaciones internacionales de México en el Tratado México–Estados Unidos–Canadá (T-MEC).
Alianza In también señaló que la resolución genera incertidumbre jurídica, ya que en junio de 2025 la SCJN había declarado inconstitucional un impuesto idéntico, aplicado sobre el mismo artículo del Código Fiscal, lo que deja al ecosistema digital frente a dos precedentes contradictorios.
“Golpe a la economía popular”: RUM
Mientras la Corte discutía el caso, más de 300 repartidores afiliados a Repartidores Unidos de México (RUM) protestaron en la sede del tribunal en la Ciudad de México.
El colectivo expresó su decepción tras la votación, señalando que el nuevo cobro reducirá sus ingresos diarios. Aunque el aprovechamiento no recae directamente sobre los repartidores, los miembros de RUM temen que las plataformas podrían ajustar sus modelos operativos o tarifas internas para compensar el gravamen.
El grupo recordó que los repartidores en México ya contribuyen con IVA, ISR y otras obligaciones fiscales, y consideró que el nuevo esquema crea un precedente que podría replicarse en otras ciudades del país.
“Nos hicieron creer que nos habían escuchado, pero no cambiaron nada. Ya pagamos IVA, ISR y enfrentamos la reforma laboral, siempre quieren más(…) Este impuesto va a afectar seriamente los ingresos que llevamos a casa cada día”, dijo la organización en el comunicado.
RUM llamó a repartidores a organizarse y defender su sustento frente a medidas que consideran “dañinas” y aprobadas sin consulta a los trabajadores.
La resolución ocurre en un momento en que la economía digital mexicana mantiene un crecimiento acelerado, con miles de usuarios y más de 1 millón de repartidores que dependen de estas plataformas para obtener ingresos.
Alianza In y RUM coincidieron en la necesidad de un diálogo estructurado entre autoridades, empresas y trabajadores para construir reglas claras que incentiven innovación sin afectar a los actores más vulnerables de la cadena.
La imagen principal fue creada por Mobile Time con IA.
