México conserva uno de los regímenes más caros del mundo por el uso del espectro radioeléctrico, lo que ha derivado en una menor inversión en infraestructura, reducción de cobertura y pérdida de ingresos fiscales, advirtió The Competitive Intelligence Unit (The CIU), en un análisis.
De acuerdo con el documento, el esquema vigente de derechos anuales se ha convertido en un obstáculo estructural para el desarrollo de las telecomunicaciones.
Las tarifas nacionales son hasta más del doble del costo total del espectro frente a referentes internacionales. En promedio, Latinoamérica paga solo el 20% de lo que se cobra en México.
La consultora alerta que este modelo recaudatorio ha tenido un efecto contrario al esperado: el Estado percibe menos ingresos, el sector invierte menos y los usuarios enfrentan una brecha creciente de cobertura y calidad.
The CIU detalla que los ingresos por pago de derechos del espectro disminuyeron de MXN $19.980 millones en 2019 a $16.776 millones en 2024, y podrían descender por debajo de MXN $9.300 millones si el actual esquema se mantiene.
Este escenario se basa en la posibilidad de que solo el Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEP-T), Telcel, logre conservar su espectro activo, ante la imposibilidad de otros operadores, como AT&T y Telefónica, de sostener los altos costos anuales.
En ese caso, el Estado únicamente recaudaría por las bandas que permanezcan en operación de Telcel, lo que implicaría una concentración aún mayor del mercado móvil y una reducción drástica de ingresos fiscales.
Devoluciones de espectro y pérdidas fiscales
El espectro radioeléctrico es un recurso estratégico para la conectividad móvil y la digitalización de la economía. Sin embargo, el estudio subraya que los derechos anuales fijados en la Ley Federal de Derechos encarecen artificialmente este insumo, distorsionando los costos estructurales de los operadores e inhibiendo su capacidad de expansión.
El modelo recaudatorio actual ha derivado en resultados adversos, se estima que, entre 2019 y 2024, el Estado dejó de percibir MXN $18.712 millones por devoluciones de espectro y baja participación en licitaciones. Telefónica Movistar devolvió la totalidad de sus frecuencias, mientras que AT&T regresó parcialmente varias bandas.
Uno de los casos más sonados fue la Licitación IFT-10, realizada en 2021, el proceso buscaba adjudicar nuevas bandas, entre ellas las de 600 MHz, 800 MHz, 1.9 GHz y 3.4 GHz, para fortalecer la capacidad de las redes 4G y preparar el terreno para el despliegue de 5G. Sin embargo, solo Telcel participó, debido a los altos costos anuales de derechos fijados por la LFD, lo que dejó gran parte del espectro sin adjudicar y confirmó la falta de viabilidad del esquema vigente.
Un modelo que encarece el desarrollo digital
El país cuenta actualmente con 562 MHz de espectro asignado, muy por debajo del mínimo recomendado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) de 1,280 MHz.
Según estimaciones de la GSMA, si México mantuviera precios alineados con los estándares internacionales, cinco millones más de personas tendrían hoy cobertura 4G y las velocidades de descarga serían 32% mayores.
Este sobrecosto, advierte The CIU, presiona al alza los requerimientos de inversión en infraestructura sin trasladarse a los precios al consumidor, pues los operadores han mantenido las tarifas de servicios en los últimos años.
“El régimen fiscal actual desincentiva la expansión de redes y reduce el atractivo de participar en nuevas licitaciones, afectando tanto la competencia como la recaudación”, señala el estudio.
La OCDE y el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) han coincidido en diagnósticos previos sobre el mismo punto, que confirma que la política fiscal del espectro en México no está alineada con los objetivos de inclusión y desarrollo digital, sino con una lógica recaudatoria de corto plazo que ha terminado reduciendo el potencial económico del sector.
Reducir tarifas de espectro sí incentiva inversión
Por ejemplo, en países como Reino Unido, Croacia, Nueva Zelanda y Australia se redujeron tarifas, en todos los casos, la reducción nominal de los derechos generó un incremento en inversiones y cobertura, sin comprometer la recaudación pública, detalló la organización.
Por otro lado, una segunda vía complementaria podría ser sustituir parte del pago monetario por obligaciones verificables de inversión, modelo ya aplicado en países de la región.
En Brasil, la licitación 5G de 2021 sustituyó pagos en efectivo por compromisos de conectividad 4G y 5G en más de 7.000 localidades y 2.350 tramos de carreteras federales, lo que permitió alcanzar una cobertura 5G del 63,6% en agosto de 2025.
En Colombia, la subasta de 2019 permitió a los operadores destinar parte de su contraprestación a proyectos de cobertura en 3.658 localidades rurales o vulnerables. En Perú, el esquema de “Canon por Cobertura” permite deducir parte del canon anual a cambio de desplegar infraestructura en zonas rurales, con resultados de 212.000 personas conectadas en 1.090 localidades desde 2018.
Este tipo de mecanismos, sostiene The CIU, transforma obligaciones fiscales en infraestructura tangible y genera retornos económicos y sociales sostenibles.
La imagen principal fue creada por Mobile Time con IA.
