El Banco de México (Banxico) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) pusieron a consulta pública nuevas reglas para el funcionamiento de los pagos con tarjetas en México. La actualización del marco regulatorio tiene como objetivo incrementar la adopción y frecuencia de uso de medios de pago distintos al efectivo.
En las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Redes de Medios de Disposición, los organismos detallan que su propuesta retoma los planteamientos recibidos durante una consulta pública realizada en octubre de 2025.
La propuesta también busca eliminar barreras normativas y estructurales identificadas por la entonces Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), hoy Comisión Nacional Antimonopolio, que pueden limitar la entrada de nuevos competidores al mercado.
En la práctica, el proyecto busca que el uso de una tarjeta sea más accesible para los comercios y que los consumidores tengan más opciones para pagar. Por lo que la propuesta contempla reducción de costos, una mayor interoperabilidad y reglas para evitar barreras entre redes.
El proyecto forma parte de la actualización del marco regulatorio para las redes de medios de disposición y sustituiría las disposiciones emitidas en 2014.
Menores costos para aceptar tarjetas
Uno de los principales cambios propuestos es establecer límites máximos para las cuotas de intercambio, que son los cargos que se generan entre los bancos y otros participantes cada vez que se realiza un pago con tarjeta.
Los límites se aplicarían de manera gradual durante tres años. Para las tarjetas de débito, el máximo propuesto sería de $12.80 pesos por operación durante el primer año, $11.80 en el segundo y $10.80 a partir del tercero. En las tarjetas de crédito, el límite pasaría de 1,65% del valor de la operación durante el primer año a 1,40% en el segundo y 1,30% a partir del tercero.
La propuesta también establece topes sobre el monto total operado durante 12 meses: 0,30% para débito y 1% para crédito en el límite definitivo. Con esta reducción gradual, las autoridades buscan bajar los costos relacionados con la aceptación de tarjetas y generar condiciones para que más comercios puedan ofrecer esta opción de pago.
Interoperabilidad
En el aspecto de interoperabilidad, el proyecto plantea que las terminales punto de venta acepten tarjetas sin importar quién las emitió, qué empresa procesa el pago o a qué red pertenecen.
Las reglas también buscan impedir que un participante bloquee, rechace o ralentice transacciones provenientes de otras redes. En la misma línea, los participantes deberán aceptar los BIN, identificadores utilizados para distinguir las tarjetas, siempre que cumplan con los estándares internacionales aplicables.
Con estas medidas, las autoridades buscan evitar barreras que limiten la competencia entre redes y facilitar la entrada de nuevos jugadores al mercado.
Reglas para agregadores
El proyecto también contempla reglas específicas para los agregadores, empresas que facilitan a los comercios, particularmente a los de menor tamaño, la aceptación de pagos con tarjeta mediante terminales punto de venta.
Estos participantes deberán mantener una relación contractual con al menos un adquirente y separar los recursos que corresponden a los comercios de los utilizados para su propia operación. Además, deberán liquidar los recursos a los comercios el mismo día natural en que los reciban y no podrán condicionar ese pago a la contratación de otros servicios.
La regulación de estos actores es relevante para ampliar la aceptación de tarjetas entre pequeños establecimientos, que pueden acceder a servicios de pago a través de un agregador sin tener que contratar directamente con un gran banco.
Visa y Mastercard tendrían que responder si un banco no paga
Otro de los cambios relevantes involucra a las marcas de tarjetas, como Visa y Mastercard. Si un banco que emitió una tarjeta no cumple con el pago de una operación que ya autorizó, la marca de esa tarjeta deberá cubrir el monto al banco que procesa el pago para el comercio ese mismo día.
Con esta medida, los organismos buscan evitar que un problema de un banco termine afectando al resto de la cadena de pagos.
Nuevas tecnologías tendrían plazo de respuesta
El proyecto también establece reglas para evitar que la falta de respuesta frene la incorporación de nuevas tecnologías de pago.
Cuando un participante solicite a un emisor la implementación de una nueva tecnología, este tendría 90 días naturales para evaluar la solicitud y responder. Si determina que la tecnología es viable, deberá implementarla conforme a las condiciones establecidas.
La medida busca evitar que los participantes con mayor presencia en el mercado puedan retrasar la adopción de nuevas soluciones simplemente por falta de respuesta.
Más protección y supervisión
La propuesta también incorpora medidas para proteger a comercios y usuarios. Los adquirentes y agregadores deberán proporcionar información clara sobre los cargos aplicados a las operaciones y liquidar los recursos a los comercios en los plazos establecidos.
También se propone prohibir cobros que busquen desalentar a los usuarios o comercios de presentar aclaraciones o reclamaciones por sus operaciones con tarjeta.
En materia de seguridad, los participantes deberán contar con medidas para proteger la información de los pagos y mantener el servicio ante problemas como fallas de sistemas, cortes de energía o ciberataques.
El proyecto también plantea un mayor control sobre las empresas que participan en el mercado de pagos. Estas deberán registrarse ante la CNBV y reportar a Banxico sus cuotas, comisiones y otros cargos, datos que además serán públicos.
Al tratarse de una propuesta sometida a consulta pública, las medidas todavía están sujetas al análisis de los comentarios recibidos por Banxico y la CNBV antes de su implementación definitiva.
