El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) rechazó una solicitud presentada por WOM y sus inversionistas extranjeros, en el marco del arbitraje iniciado contra el Estado de Chile por retrasos en el despliegue de la red 5G.
El conflicto se remonta a 2021, cuando WOM se adjudicó parte del despliegue de la red 5G. Tras el fracaso de negociaciones directas con la Subtel, la empresa escaló el caso al CIADI en 2024, en medio de cuestionamientos a supuestos actos de “mala fe” del Estado.
La medida provisional, presentada en julio de 2024, buscaba impedir al Estado chileno ejecutar las boletas de garantía por incumplimientos en el cronograma del proyecto 5G, que debía estar finalizado en octubre de 2023. El tribunal internacional, sin embargo, desestimó esta petición, aunque dejó pendiente la decisión sobre los costos del proceso hasta el fallo final.
La decisión representa un revés para la empresa, y abre la puerta para que la Subtel cobre garantías por US$50 millones.
El equipo jurídico del Estado chileno fue liderado por la Unidad de Defensa en Controversias Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con Subtel, el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio de Hacienda.
WOM lamenta la decisión del CIADI
Tras conocerse la resolución del CIADI, WOM expresó su desacuerdo y defendió su desempeño en el proyecto 5G. Según la empresa, el despliegue ya supera el 84% de avance y el cobro total de las garantías sería una medida desproporcionada dado el pequeño porcentaje restante.
Desde la Subtel, la resolución fue recibida con conformidad. La entidad destacó que la decisión permite destrabar un conflicto judicial prolongado con la empresa, aunque subrayó que el juicio aún no concluye.
Aunque la resolución no pone fin al arbitraje internacional, marca un hito relevante al otorgar respaldo a las facultades administrativas del Estado chileno.
Desde entonces, distintas instancias legales habían impedido la ejecución de las boletas de garantía. La decisión del CIADI ahora permite al Estado avanzar en el cobro de dichas garantías, mientras se mantiene activo el proceso arbitral.
