La Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) y organizaciones civiles advierten que el nuevo paquete legislativo de reformas aprobado en México amplía facultades de vigilancia del Estado sin controles judiciales adecuados. Entre las medidas se incluye el acceso a bases de datos privadas, la geolocalización en tiempo real y la imposición de la CURP biométrica para servicios públicos y privados.
Acceso a datos de particulares sin autorización judicial
La ALAI presentó observaciones técnicas a las reformas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y a la Ley General de Población, actualmente en discusión en el Congreso mexicano.
La organización reconoce la necesidad de fortalecer los mecanismos de localización de personas desaparecidas, pero expresa inquietud por disposiciones que permitirían el acceso directo y en tiempo real a bases de datos privadas sin orden judicial.
De acuerdo con el dictamen, la Plataforma Única de Identidad se interconectaría con registros de empresas de sectores como telecomunicaciones, servicios financieros, transporte, salud y paquetería. ALAI señala que esta medida podría contravenir el artículo 16 constitucional, que protege el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales, así como principios internacionales en materia de derechos humanos, como la finalidad específica, la minimización de datos y la proporcionalidad.
La organización propone una redacción alternativa al artículo 12 Bis, en la que se permita el acceso a datos únicamente cuando exista una orden judicial o, en casos excepcionales, un mandamiento fundado y motivado por autoridad competente, y sólo en el contexto de búsqueda de personas desaparecidas.
Obligación de solicitar CURP para todo trámite o servicio
Las preocupaciones de ALAI coinciden con las expresadas por organizaciones civiles como R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales. En un comunicado emitido el 25 de junio, diversas organizaciones rechazaron un conjunto más amplio de reformas aprobado por la Cámara de Diputados.
Dichas reformas contemplan la interconexión de bases de datos públicas y privadas a nivel nacional e internacional, y establecen como obligatoria la CURP biométrica para acceder a servicios, tanto públicos como privados, a través de una nueva infraestructura de identidad digital denominada Plataforma Única de Identidad. Esta arquitectura se complementa con la creación de la app móvil Llave MX, mecanismo oficial de autenticación digital vinculado a la CURP, un código alfanumérico único de 18 caracteres que identifica a todas las personas residentes en México.
El dictamen también modifica el artículo 91 Sexies de la Ley General de Población para establecer que toda entidad pública o privada deberá requerir la CURP, para la prestación de cualquier trámite o servicio, incluidos los digitales.
Al respecto, ALAI advierte que esta medida generalizada podría ser inviable en la práctica, al requerir procesos de autenticación incluso para servicios de bajo riesgo. Esto podría afectar a pequeñas empresas, plataformas tecnológicas y usuarios digitales, además de incrementar los riesgos asociados a la centralización de datos personales y biométricos.
En su lugar, sugiere que la obligación de solicitar la CURP se limite a servicios donde ya se requiere identificación conforme a leyes vigentes, como trámites financieros o administrativos, y se armonice con los principios de protección de datos establecidos en la legislación mexicana.
Impacto para la protección de datos y la economía digital
ALAI y las organizaciones civiles alertan sobre el posible impacto que estas reformas podrían tener sobre la protección de datos personales, la privacidad digital, la seguridad jurídica de los particulares y la confianza en las plataformas tecnológicas. También señalan que estas medidas podrían generar efectos adversos sobre la economía digital, la innovación y los servicios móviles en México y Latinoamérica.
Ambas partes coinciden en la necesidad de establecer mecanismos legales que permitan apoyar la localización de personas desaparecidas sin comprometer los derechos constitucionales ni las obligaciones internacionales del Estado. Entre las alternativas sugeridas se encuentran el uso de órdenes judiciales, protocolos de auditoría, leyes sectoriales específicas y procesos de colaboración con controles técnicos y jurídicos.
Las organizaciones firmantes del comunicado hacen un llamado al Congreso mexicano para detener la aprobación acelerada del resto del paquete legislativo, y para abrir un proceso de discusión pública que incluya expertos técnicos, organizaciones civiles y actores del sector digital. ALAI, por su parte, reitera su disposición a colaborar en la construcción de un marco normativo que equilibre los fines legítimos de seguridad y justicia con el respeto a los derechos fundamentales en entornos digitales.
La imagen principal fue creada por Mobile Time con IA.
