El Ministerio de Hacienda publicó un proyecto de decreto que busca equiparar la retención en la fuente de los pagos electrónicos con la de las operaciones realizadas con tarjetas, una medida que pretende igualar las condiciones entre los distintos medios de pago.
El borrador, firmado por el ministro Germán Ávila Plazas y sustentado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), propone una tarifa única del 1,5% para las ventas de bienes y servicios canceladas a través de Bre-B, billeteras digitales como Nequi y Daviplata, transferencias inmediatas, PSE, códigos QR y tarjetas virtuales.
Según el documento, la medida busca eliminar el tratamiento dispar entre los distintos instrumentos de pago y “reconocer un trato similar entre los que ofrecen plena trazabilidad transaccional”.
No afecta al usuario final
Es decir, no representa un nuevo impuesto para los usuarios finales, sino la extensión del mecanismo de retención en la fuente (un anticipo del impuesto de renta) a los pagos digitales que hasta ahora no estaban sujetos a ella.
Por lo que las transferencias entre personas (P2P) que no involucren contraprestación comercial quedarían excluidas de la norma. La retención se aplicaría únicamente cuando la operación constituya un ingreso gravado por la venta de bienes o servicios.
El borrador también define que la retención podrá ser practicada por el adquirente o, cuando exista intermediación, por los agregadores o procesadores de pago que actúan como agentes retenedores. Las personas naturales no responsables de IVA estarán exentas.
Impacto sobre comercios y plataformas
Aunque el Ministerio asegura que la medida no tendría impacto económico directo ni requiere recursos presupuestales adicionales, expertos del sector advierten que los costos administrativos sí recaerán sobre los comercios y las plataformas de pago.
Estas últimas deberán adaptar sus sistemas para calcular, descontar y reportar la retención en tiempo real, lo que implicaría desarrollar nuevos módulos, auditorías, conciliaciones y procesos de reporte fiscal. Dichos ajustes podrían representar mayores costos operativos y eventualmente trasladarse a los usuarios.
El debate surge a una semana del lanzamiento oficial de Bre-B, el sistema interoperable de pagos inmediatos impulsado por el Banco de la República, que fue concebido como una infraestructura pública de bajo costo, sin comisiones de gestión durante al menos cuatro años, para fomentar la inclusión financiera y reducir el uso de efectivo.
Críticas desde el sector Fintech
El presidente de Colombia Fintech, Gabriel Santos, en su cuenta de LinkedIn, calificó la iniciativa como una “visión fiscalista” que podría poner en riesgo el éxito de Bre-B y frenar la digitalización de los pagos.
“Lo único que no podemos hacer como país es darnos el lujo de que Bre-B salga mal. Este proyecto de decreto es el reflejo de una visión de ordeñar la vaca antes de que dé leche. Así se lesiona nuestro deseo de impulsar la competencia, la innovación y la inclusión financiera”, advirtió Santos.
El funcionario comparó la situación con el caso de Pix, el sistema de pagos instantáneos de Brasil, que en 2024 procesó más de 63.500 millones de transacciones e integró a 70 millones de personas al sistema financiero formal. Según Santos, el éxito de Pix se debió a una estrategia regulatoria que priorizó la adopción y la inclusión, evitando cualquier desincentivo fiscal en sus primeros años.
“El Banco Central de Brasil prohibió que la información de Pix fuera usada por la entidad de impuestos, para no desincentivar la formalización. Cuando surgió el rumor de un impuesto sobre Pix, las transacciones cayeron 15% y el valor transferido un 37%. Fue tan grave que el propio presidente Lula da Silva tuvo que firmar una medida prohibiendo expresamente cualquier impuesto sobre Pix”, recordó.
Santos agregó que el decreto colombiano, aunque parte de una intención legítima de corregir asimetrías regulatorias, “no nivela la cancha, sino que la destruye”, y podría incentivar la permanencia en el efectivo, afectando el objetivo de formalización financiera que persigue el país.
“Bre-B es un activo de nación que debemos proteger. En nada ayudan propuestas que incentivan la informalidad financiera”, concluyó.
Retorno al efectivo
Desde Asomicrofinanzas, la asociación que agrupa a las entidades de microfinanzas del país, a través de un comunicado, advirtieron que la medida podría convertirse en una nueva barrera para la inclusión financiera de las microempresas y trabajadores de la economía popular.
“Medidas tributarias de este tipo, aunque bien intencionadas desde la perspectiva del control fiscal, podrían convertirse en una nueva barrera para la inclusión financiera, el ahorro y la formalización de las microempresas”, señaló la asociación.
El gremio enfatizó que los pagos digitales han sido una puerta de entrada a la formalización y al crédito para miles de microemprendedores, y que gravar sus transacciones podría incentivar el retorno al efectivo. “Cada costo adicional puede representar la diferencia entre mantener operaciones digitales o volver al uso del efectivo”, subrayó la entidad.
Asomicrofinanzas destacó además el papel de Bre-B como una herramienta clave para fortalecer la bancarización, reducir el uso de efectivo y fomentar la cultura del ahorro, e hizo un llamado al Gobierno Nacional para que cualquier ajuste normativo preserve los avances logrados en materia de digitalización y formalización.
Sectores abiertos al debate
Por su parte, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) también se pronunció en contra de la iniciativa, señalando que cualquier medida que encarezca los pagos digitales es inconveniente para el desarrollo del ecosistema digital y financiero.
“Durante más de dos décadas, los pagos digitales han enfrentado cargas tributarias que han frenado su masificación. Este tratamiento anti-técnico ha incidido negativamente en la inclusión financiera y la apropiación digital en el país”, afirmó el gremio.
La CCCE advirtió que igualar las cargas fiscales entre medios de pago tradicionales y nuevos, como Bre-B o las billeteras digitales, va en contravía de los objetivos de inclusión y digitalización, y mantiene una visión de corto plazo enfocada únicamente en el recaudo.
El gremio reiteró su disposición a trabajar con el Gobierno y las autoridades económicas en la construcción de una regulación moderna, equitativa y promotora de la competitividad, la inclusión y el desarrollo sostenible del comercio electrónico en Colombia.
El proyecto de decreto estará disponible para comentarios públicos antes de su expedición final, que sería este viernes 24 de octubre.
