En un esfuerzo por combatir las extorsiones telefónicas que tienen su origen en centros penitenciarios y carcelarios, se radicó en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que propone una regulación más estricta para la adquisición de tarjetas SIM en Colombia.
Esta iniciativa surge en respuesta al aumento de casos de extorsión, los cuales, según datos de la Policía Nacional, pasaron de 8.000 a 10.000 entre 2020 y 2023. Además, las autoridades informan que seis de cada diez llamadas extorsivas provienen de alguna cárcel del país.
El proyecto de ley propone que la compra de tarjetas SIM esté sujeta a un control más riguroso, con el fin de evitar que sean utilizadas de manera anónima y, de esta forma, facilitar la identificación de los responsables de dichas llamadas. Entre las medidas que contempla la propuesta, se encuentra el registro obligatorio de huellas dactilares o datos biométricos de los compradores, lo cual permitiría un mayor control por parte de los operadores móviles y las autoridades.
Llamadas de extorsión en carceles
El problema de las extorsiones desde cárceles ha sido un tema recurrente en la agenda de seguridad del país. La extorsión es una práctica comúnmente usada para la financiación del crimen organizado y está relacionada con el financiamiento de grupos armados ilegales como grupos de guerrillas y paramilitares.
Este tipo de llamadas extorsivas generan ingresos a los delincuentes con pocos riesgos, ya que desde un solo celular se pueden hacer 250 llamadas extorsivas al día y cambiar de SIM CARD. Recientemente, la Policía Nacional desarticuló un centro de llamadas extorsivas que operaba desde una cárcel en el municipio de Guaduas, en el departamento de Cundinamarca.
Aunque el uso de teléfonos celulares está prohibido en las cárceles de Colombia, el ingreso de los equipos se hace a través de contrabando o mediante las visitas sociales.
Control más estricto y uso de tecnología para tarjetas SIM
Por eso, el proyecto de ley establece que para adquirir una tarjeta SIM o tecnologías similares, los operadores de redes móviles y operadores móviles virtuales (OMV) deberán registrar de inmediato información detallada del usuario, incluyendo nombre completo, número de identificación, correo electrónico, número de móvil, IMEI y datos biométricos.
Además, se plantea la implementación de una estrategia tecnológica por parte del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y el Ministerio de Justicia, para que los usuarios puedan ser alertados sobre las llamadas que se originen desde centros penitenciarios, respetando siempre los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.
Con esta regulación, se busca no solo frenar las extorsiones, sino también mejorar los mecanismos de seguridad en las telecomunicaciones, cerrando una de las vías más utilizadas por los delincuentes para realizar sus actividades desde las cárceles.
En países como México, Perú y Venezuela se solicitan las huellas digitales para el registro de una SIM. Además, se hace validación de los datos con otras bases de datos oficiales.
