Un proyecto de ley que avanza en el Congreso argentino encendió las alarmas entre las empresas del sector TIC. La iniciativa propone restablecer el llamado “impuesto Enard”, un gravamen del 1% sobre la facturación que, hasta 2017, se aplicaba únicamente a la telefonía celular y financiaba al Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD).
En su nueva versión, el tributo no solo se restablecería, sino que se ampliaría a todos los servicios de telecomunicaciones, internet y televisión paga con más de 10.000 usuarios, destinando los recursos al recién creado Consejo Federal para el Alto Rendimiento Deportivo (COFARD).
Según el texto, el impuesto se agregaría al precio del servicio, aunque los usuarios no verían el concepto discriminado en la factura, lo que implicaría un aumento directo en el costo final.
Firma del acuerdo
Este martes 21 de octubre, la Cámara de Diputados emitió un dictamen de mayoría para modificar la Ley 26.573, que regula la administración y el financiamiento del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), reavivando el debate sobre la utilización de fondos provenientes del impuesto a las telecomunicaciones para sostener el deporte de alto rendimiento.
El texto aprobado en reunión conjunta de las Comisiones de Deportes, Comunicaciones e Informática, y Presupuesto y Hacienda, fue respaldado por el oficialismo y sectores de la izquierda, y propone restablecer la autarquía financiera del ENARD, suprimida en 2018 cuando el ente pasó a depender del presupuesto estatal.
Desde Unión por la Patria, el diputado Rogelio Iparraguirre defendió la iniciativa argumentando que “el ENARD viene con enormes dificultades” y que el objetivo es “devolver al deporte lo que nunca debió haber perdido: la autarquía financiera”.
Sin embargo, el debate gira en torno al mecanismo de financiamiento, que históricamente se nutrió de un 1% del abono de telefonía celular y servicios de telecomunicaciones.Por lo que desde la oposición surgieron posiciones encontradas sobre si es pertinente volver a gravar al sector.
El diputado Christian Castillo (PTS-Frente de Izquierda Unidad) señaló que la fuente de financiamiento “debe recaer sobre las empresas de servicios” y no directamente sobre los usuarios, además de reclamar “más derechos en la asignación de becas”.
Por su parte, la diputada Carla Carrizo (DpS) propuso que “el financiamiento sea concurrente”, mientras que el diputado Bertie Benegas Lynch (La Libertad Avanza) adelantó un dictamen de rechazo, al sostener que “la actividad privada debe ser la que sustente esta cuestión” y que no corresponde imponer nuevos gravámenes sobre el sector de telecomunicaciones.
La reunión se realizó en cumplimiento del emplazamiento dispuesto por el pleno de la Cámara el 8 de octubre, tras una primera instancia informativa con representantes del deporte nacional y especialistas. El proyecto pasará ahora al recinto, donde volverá a ponerse sobre la mesa el equilibrio entre la promoción del deporte y la presión fiscal sobre los servicios digitales y de comunicación.
Negativas de sector
De acuerdo con el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), el 82% de los hogares argentinos tiene acceso a internet, mientras que la penetración móvil alcanza el 135% y el 57% cuenta con TV por suscripción. Sin embargo, advierte que el contexto económico actual dificulta el acceso a servicios digitales, sobre todo entre los hogares de menores ingresos.
Según la Cámara Argentina de Internet (Cabase), el sector de telecomunicaciones ya enfrenta una presión tributaria promedio del 41,5%, y aporta además el 1% de sus ingresos al Fondo de Servicio Universal, destinado a financiar proyectos de conectividad. Solo en 2024, ese aporte fue de $58.800 millones.
De aprobarse la medida, Argentina se convertiría en uno de los pocos países de la región en aplicar un impuesto directo sobre los servicios digitales para financiar actividades no relacionadas con el sector, lo que, según los expertos, podría retrasar inversiones, reducir la competitividad y afectar los planes de expansión de redes en zonas menos conectadas.
