La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció que abre investigación administrativa contra Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC (Movistar), tras recibir denuncias por presuntas prácticas que desconocerían el derecho de los usuarios a la libre elección de operador en el proceso de portabilidad numérica móvil.
Según informó la entidad, la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones formuló pliego de cargos contra Movistar por dos posibles infracciones a la regulación vigente.
La primera, que la empresa habría demorado u omitido el envío del NIP (Número de Identificación Personal), un código esencial para validar la identidad del usuario en el proceso de cambio de operador. Este número debe ser entregado oportunamente, y su ausencia impide que se complete la portación del número telefónico.
La segunda, Movistar habría ofrecido beneficios especiales a usuarios que ya estaban en proceso de portarse a otro operador, una práctica prohibida por la regulación, ya que puede afectar la libertad del usuario para cambiar de proveedor.
Medidas preventivas
Mientras avanza la investigación, la SIC ordenó a Movistar adoptar medidas preventivas para garantizar la protección de los derechos de los usuarios como cumplir con los tiempos establecidos para el envío del NIP, los cuales no deben superar los cinco minutos en el 95% de los casos, y en ningún caso exceder los 10 minutos, incluso si el servicio del usuario está suspendido.
Además, debe abstenerse de enviar mensajes promocionales una vez iniciado el proceso de portabilidad hacia otro operador. Movistar deberá remitir a la SIC información que demuestre el cumplimiento de estas órdenes administrativas y mantener su cumplimiento durante el transcurso del proceso investigativo.
Posibles sanciones
La Superintendencia advirtió que, de comprobarse las conductas investigadas, Movistar podría enfrentar sanciones de hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La resolución que ordena la formulación de cargos no admite recursos, ya que se trata de un acto de trámite. No obstante, la empresa cuenta con un plazo de 15 días para presentar sus argumentos, solicitar pruebas y ejercer su derecho a la defensa.
