En una audiencia pública llevada a cabo en el Senado de la República, distintos sectores del transporte debatieron sobre el proyecto de ley 136 de 2024, que busca regular las plataformas digitales de movilidad en Colombia. La discusión contó con la participación de representantes del sector de taxis tradicionales, plataformas digitales, expertos en movilidad y miembros de la academia.
El Senador Julio Elías Vidal, promotor y ponente del proyecto, destacó la importancia de llevar este debate al Congreso y dejar atrás las discusiones informales en medios y calles.
Durante la sesión, la empresa Didi presentó estudios que evidencian el impacto económico y social de las plataformas digitales, destacando la generación de aproximadamente 30.000 oportunidades de trabajo y su contribución del 0.87% al PIB colombiano.
Por su parte, el sector de taxis tradicionales, representado por empresas como Taxi Libres, expresó la necesidad de desregularizar su sector y destacó que ellos también han implementado tecnología en sus servicios.
Garantias laborales
La discusión también abarcó preocupaciones laborales. Algunos participantes enfatizaron la necesidad de garantizar derechos y condiciones justas para los más de un millón de conductores que operan en plataformas digitales. En este sentido, la senadora Sandra Ramírez (Partido Comunes) señaló que cualquier regulación debe evitar la competencia desleal con el gremio de los taxistas.
Mientras que el senador Robert Daza (Pacto Histórico) advirtió que el proyecto de ley, en su forma actual, podría afectar negativamente a los taxistas, mientras que representantes del gremio solicitaron la creación de una plataforma estatal para regular el servicio.
Entre los representantes de las plataformas digitales, Dayanna Duque, presidenta de Agremapp, destacó la importancia de incluir en la regulación medidas que beneficien a personas en situación de vulnerabilidad, como adultos mayores y personas con discapacidad. Elizabeth Pérez, de Conduapp, subrayó la necesidad de fortalecer la protección de los trabajadores del sector.
Posición del gobierno frente a las plataformas digitales
Mientras tanto, las conversaciones entre los actores y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) avanzan. En su intervención Ingrid Ortiz, delegada para la protección de la competencia de la SIC, aseguró que las plataformas no son meras intermediarias de la prestación del servicio. No obstante, explicó que esta posición es preliminar y se da en el marco de investigaciones que se adelantan contra algunas plataformas.
Los topes de precios, las restricciones por áreas geográficas, el número de cupos para operar y el pago de licencias, afiliaciones y seguros obligatorios son algunos de los puntos en los que se debe llegar a un acuerdo.
Para la SIC, las plataformas tipo Uber y DiDi intervienen en “muchos instantes determinantes del contrato”, como la definición de la oferta de carros y el precio a pagar por parte de los usuarios, por lo que las plataformas deberían adherirse a las regulaciones aplicables a las actividades sectoriales y así garantizar condiciones de competencia frente a los prestadores tradicionales. Además, señaló que hay factores y costos que deben ser asumidos por los taxistas, pero que no se aplican a los privados.
Con esta audiencia, el Senado busca construir una regulación que equilibre los intereses de todos los sectores involucrados y garantice un servicio de transporte más eficiente y equitativo en Colombia.
