El gobierno de Chile anunció la implementación de una nueva numeración especial para identificar llamadas comerciales con el objetivo de proteger a los ciudadanos contra llamadas fraudulentas y no deseadas.
Esta medida forma parte de la Agenda de Seguridad Digital y busca diferenciar claramente entre las llamadas solicitadas por los usuarios y aquellas que no han sido requeridas, brindando mayor transparencia y seguridad en las comunicaciones telefónicas, detalló la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
La iniciativa fue presentada por el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, junto con el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao. Durante el anuncio, las autoridades detallaron que las empresas que realicen llamadas comerciales deberán utilizar prefijos específicos: 600 para las llamadas comerciales solicitadas y 809 para aquellas que no han sido requeridas por el usuario. Esta medida permitirá a las personas reconocer fácilmente si una llamada proviene de una entidad legítima o si podría tratarse de un intento de fraude.
Uno de los principales problemas que enfrentan los usuarios es la proliferación de llamadas telefónicas no solicitadas, muchas de ellas con fines engañosos. Estas pueden ir desde simples molestias hasta intentos de fraude en los que se busca obtener información personal o financiera de manera ilegal. Según explicó el ministro Muñoz, la regulación busca frenar esta problemática al brindar a los ciudadanos una herramienta sencilla para identificar si una llamada comercial proviene de una fuente confiable.
Por su parte, el subsecretario Araya subrayó que esta normativa no solo ayudará a prevenir fraudes, sino que también permitirá a las empresas operar de manera más transparente.
Desde una perspectiva de seguridad, la subsecretaria Leitao enfatizó que esta iniciativa fortalece la lucha contra delitos digitales al dificultar la acción de los estafadores. Al establecer un estándar claro para las llamadas comerciales, se pone una barrera a las tácticas de suplantación de identidad utilizadas por delincuentes, protegiendo a los ciudadanos de posibles engaños.
La normativa establece un plazo de seis meses para que las empresas implementen estos cambios en su sistema de llamadas. Sin embargo, no impone restricciones a los negocios que utilizan la televenta como parte de su operación ni limita este tipo de actividad comercial.
La imagen de arriba fue creada por Mobile Time con inteligencia artificial.
