Alianza In México hizo un llamado al Congreso del estado de Aguascalientes para que no apruebe la iniciativa que propone establecer un impuesto del 2% —bajo la figura de “aprovechamiento”— a los servicios de plataformas de reparto.
Este aprovechamiento, en la práctica, funciona como un cargo adicional que se aplica por cada entrega y es independiente de otros impuestos que los trabajadores ya pagan. La propuesta fue presentada el 10 de febrero y contempla reformas al Código Fiscal y a la Ley de Hacienda estatal.
Su objetivo es gravar específicamente la intermediación digital, es decir, el uso de aplicaciones de reparto para conectar a comercios con repartidores y consumidores, bajo la premisa de que las apps de reparto desgastan la infraestructura urbana sin pagar por su mantenimiento.
La organización señaló que la medida tendría un impacto negativo en empresas, repartidores, pequeños comercios y consumidores que utilizan estos servicios de manera cotidiana.
Impacto en repartidores y PyMEs
De acuerdo con la asociación, el impuesto afectaría sobre todo a los repartidores que utilizan las plataformas de reparto como fuente de ingresos. Las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) también se verían afectadas ya que dependen del canal digital para ampliar su alcance y distribuir productos.
También advierte que el costo podría trasladarse parcialmente a los usuarios finales, lo que encarecería el servicio en un entorno económico complejo en el que la economía digital se ha convertido en un motor relevante de inclusión financiera y comercial.
Con medidas de este tipo podrían desincentivar la digitalización y crear barreras al crecimiento del ecosistema local. Además de tener carácter discriminatorio al no aplicarse de manera general a otras industrias logísticas que utilizan la misma infraestructura pública, lo que generaría un trato fiscal inequitativo.
Asimismo, la iniciativa podría vulnerar compromisos comerciales internacionales asumidos por México, como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por establecer condiciones diferenciadas para ciertos modelos de negocio digitales.
Llamado al diálogo
La asociación exhortó al Congreso estatal de Aguascalientes a abrir mesas de diálogo con actores del ecosistema digital y de la economía local para evaluar los posibles efectos de la iniciativa antes de su eventual aprobación.
Además, reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la economía digital en México y con la construcción de un entorno regulatorio que favorezca la competencia, la sostenibilidad y condiciones equitativas para repartidores, comercios y consumidores.
Una medida que ya aplica CDMX
El debate en Aguascalientes se suma a otras discusiones regulatorias en el país sobre la tributación de plataformas de reparto. El antecedente directo es la Ciudad de México, donde este impuesto del 2% se aprobó originalmente en diciembre de 2021.
Tras años de litigios y amparos promovidos por las empresas del sector, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional el aprovechamiento en noviembre de 2025.
Con este fallo, el máximo tribunal validó la facultad de las entidades para establecer cargos por el uso de la infraestructura urbana, manteniendo vigente un esquema que ha sido objeto de controversia desde su creación. Hasta el momento, la capital del país es la única entidad que aplica este gravamen.
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