La disputa entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y Telecall Colombia S.A.S. por la subasta del espectro 5G continúa. Según señaló la compañía brasileña, a través de un comunicado de prensa, que el ministerio actuó de manera “ilegal” al negarse a recibir los pagos adeudados por el incumplimiento de los compromisos adquiridos, el ministerio sostiene que ha procedido conforme a la jurisprudencia.
Cabe recordar que Telecall fue uno de los operadores a los que se le asignó espectro para el despliegue 5G durante la subasta que se realizó en 2023. Sin embargo, Telecall incumplió el primer pago de la subasta que era por $41.383 millones de pesos colombianos, con vencimiento el 12 de noviembre de 2024, después de que saliera uno de sus inversionistas clave.
Según explicó Iván Mantilla, representante legal de la compañía en Colombia, esta situación obligó a reactivar la búsqueda de capital. Aunque la empresa asegura que desde finales de 2024 logró recomponer sus finanzas y manifestó en varias ocasiones al MinTIC su voluntad de cumplir con el pago, intereses incluidos, la entidad rechazó esos acercamientos.
En el centro de la controversia están más de $318.000 millones de pesos, monto que Telecall se comprometió a pagar por el uso del espectro durante 20 años, además de obligaciones adicionales como conectar 343 instituciones educativas, desplegar fibra óptica en zonas rurales y llevar cobertura de telecomunicaciones a seis carreteras secundarias, con inversiones cercanas a $97.120 millones.
El conflicto continúa
El ministerio en su momento señaló en que la empresa no cumplió con sus compromisos en los plazos establecidos y que la aplicación de las condiciones resolutorias (incluida la cancelación del permiso de uso del espectro y la ejecución de la póliza de seriedad) está amparada en la normatividad vigente.
La disputa vuelve a estar en el centro, después de que el exmagistrado del Consejo de Estado, Jaime Orlando Santofimio Gamboa, elaborará un concepto jurídico en el que concluye que el MinTIC incurrió en irregularidades al tramitar el caso bajo un procedimiento administrativo ordinario en lugar del sancionatorio que exige la Ley 1341 de 2009.
Según el jurista, la normativa especial del sector permite los pagos extemporáneos sancionados con multas, pero no contempla la pérdida automática del permiso. Además, señala que el ministerio basó su actuación en normas derogadas y hasta en citas jurisprudenciales “falsas”, lo que viciaría de nulidad todo el proceso.
Frente al concepto jurídico del exmagistrado, el MinTIC no se ha pronunciado. No obstante, Telecall señala que la negativa del Estado a recibir los recursos no solo vulnera la ley, sino que expone a la Nación a un grave detrimento patrimonial y a un clima de inseguridad jurídica para la inversión extranjera en el sector.
