Un día después de que un sismo de magnitud 6.1 sacudió Lima y Callao, la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República aprobó el predictamen de los proyectos de ley N.º 10285 y 10526/2024-CR, que obligan a habilitar la función de radio FM en los teléfonos móviles vendidos en el país.
Para sus impulsores, se trata de una herramienta clave para la comunicación en situaciones de emergencia. Sin embargo, desde el sector empresarial la medida ha sido calificada como improvisada y técnicamente inviable.
La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), que agrupa a los operadores Claro, Movistar, Bitel y Entel, manifestó su preocupación por la propuesta legislativa, que podría encarecer los equipos, reducir la oferta de modelos disponibles y vulnerar el derecho de los consumidores a elegir libremente qué dispositivos adquirir.
Activación obligatoria
La norma establece que los operadores y empresas comercializadoras deberán habilitar —sin costo para el usuario— la función de radio FM en todos los celulares que ya cuenten con el chip correspondiente. Además, se exige brindar soporte técnico gratuito para activar esta funcionalidad en equipos ya vendidos.
La propuesta contempla sanciones que van desde multas de hasta 10.000 unidades impositivas tributarias (UIT) hasta la prohibición de comercializar dispositivos para quienes incumplan. La supervisión estará a cargo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL).
Para AFIN, esta obligación desconoce que los operadores no fabrican los dispositivos móviles, sino que los importan en función de la disponibilidad global. Muchos modelos, especialmente los de gama alta, ya no incluyen esta función, lo que haría inviable cumplir con la norma sin restringir la variedad del mercado y trasladar el costo al consumidor.
Impacto a la redes móviles tras el sismo fue limitado pese a la magnitud
El Centro de Monitoreo de OSIPTEL reportó que, durante el sismo del domingo 15 de junio, se detectaron 38 estaciones base afectadas en la región Lima. Sin embargo, la afectación fue menor al 1% del total de infraestructura instalada, y no se registraron interrupciones del servicio de telefonía móvil ni de internet móvil, solo una leve degradación temporal de calidad en algunos distritos. El servicio de internet fijo funcionó con normalidad.
Para AFIN, demuestra que el sistema actual cuenta con mecanismos de resiliencia —como la redistribución automática de tráfico a estaciones base cercanas—, y que obligar el uso de radio FM no necesariamente garantiza una comunicación efectiva en contextos de emergencia.
El gremio reiteró que el país necesita un sistema especializado de alerta temprana, autónomo e independiente de las redes comerciales, cuya implementación sigue pendiente desde el terremoto de Pisco de 2007.
Exigencias técnicas adicionales
AFIN también cuestionó otra disposición contenida en los proyectos como es la exigencia de que la infraestructura de telecomunicaciones cuente con respaldo energético por 72 horas en zonas de riesgo, lo que aplicaría a casi todo el país por su carácter sísmico.
La entidad señala que esta medida no considera el déficit energético existente —con más del 70% de interrupciones sin solución— y que generaría sobrecostos y afectaciones ambientales sin atacar el origen real de los cortes de servicio.
Por último, advierte sobre una tendencia creciente a trasladar al sector privado responsabilidades que corresponden al Estado, como la seguridad ciudadana o el control penitenciario, a través de normativas que incrementan la sobrerregulación sin demostrar beneficios reales para la ciudadanía.
AFIN le pidió al Congreso abrir mesas técnicas de diálogo que permitan evaluar de manera profunda y técnica las propuestas en debate. “La voluntad de colaborar existe; lo que hace falta es ser escuchados”, concluyó.
