El Congreso de Perú analiza una nueva iniciativa que obligaría a las operadoras de telecomunicaciones a bloquear las comunicaciones ilegales provenientes de centros penitenciarios y juveniles, como un esfuerzo por combatir la criminalidad organizada y frenar el aumento de las extorsiones.
El proyecto de ley 10228 presentado por el congresista José Luna Gálvez del grupo parlamentario Podemos Perú, plantea que empresas como Claro, Movistar, Bitel y Entel sean responsables de evitar el uso indebido de sus servicios para la cometer delitos.
Uno de los puntos clave de la iniciativa es que las operadoras estarían obligadas a retirar antenas de telefonía móvil o satelital y otros dispositivos de telecomunicaciones ubicados en las cercanías de los penales con el apoyo de la fuerza pública.
Aunque el proyecto reconoce el derecho al acceso a las telecomunicaciones de las poblaciones cercanas, señala que en zonas restringidas y de alta seguridad debe primar el interés de la seguridad ciudadana.
Operadoras que incumplan tendrán multa
El proyecto de ley propone modificar el Decreto Legislativo 1688, que regula las sanciones administrativas para las empresas de telecomunicaciones en relación con llamadas ilegales desde centros penitenciarios.
Entre las medidas más destacadas se plantea que las operadoras entreguen información sobre los titulares de líneas y registros de llamadas en un máximo de 24 horas si lo solicita el Ministerio Público, el INPE o la Policía Nacional. Las sanciones a las operadoras que incumplan estas disposiciones se endurecerán, siendo una multa la sanción más leve.
De acuerdo con el congresista, las extorsiones han crecido junto con los asesinatos en Perú, por lo que instó a las empresas operadoras a no deslindarse, ya que cuentan con la tecnología y el conocimiento para detectar el uso indebido de sus señales dentro de los penales
Medidas similares en otros países
El proyecto de ley en Perú se suma a iniciativas similares en otros países de la región que buscan frenar los delitos cometidos a través de dispositivos móviles desde las carceles-
En Chile, el Senado aprobó la creación de un Registro de Usuarios de Prepago, el cual, obligará a las operadoras a contar con la identificación de quienes adquieran chips de teléfono móvil. Con esta medida se busca desincentivar estafas y delitos digitales al evitar que los delincuentes operen con números anónimos.
En Colombia, el Ministerio de Justicia propuso un decreto para el bloqueo del IMEI de celulares utilizados dentro de los penales, evitando que los reclusos realicen llamadas de extorsión o amenazas. A diferencia de otras estrategias, esta medida se enfoca en anular el dispositivo en lugar de bloquear la señal. Además, en la Cámara de Representantes un proyecto de ley propone una regulación más estricta para la adquisición de tarjetas SIM en el país.
La imagen de arriba fue realizada por Mobile Time con inteligencia artificial.
