El estado mexicano de Puebla se convirtió en la primera entidad del país en tipificar formalmente el ciberasedio y otros delitos cometidos a través de tecnologías digitales, redes sociales y entornos virtuales. La nueva ley se propuso con el objetivo de combatir prácticas como el robo de identidad y el acoso en línea. Sin embargo, diversos sectores han manifestado inquietud por el impacto que esta legislación podría tener en la libertad de expresión en redes sociales.
Dicha reforma se publicó el 13 de junio de 2025, entró en vigor el 14 de junio y ya es conocida en medios y redes como la “Ley Censura”.
Redes sociales bajo lupa: ¿qué es el ciberasedio?
El nuevo Artículo 480 del Código Penal establece que comete el delito de ciberasedio quien, mediante redes sociales, correo electrónico u otros canales digitales, insulte, ofenda o veje reiteradamente a otra persona con la intención de causarle daño físico o emocional. Las penas oscilan entre 11 meses y tres años de prisión, además de multas de entre 50 y 350 UMAs, equivalentes a aproximadamente 5.657 a 39.599 pesos mexicanos, es decir, entre 333 y 2.329 dólares.
Además, si la víctima es menor de edad, se presume el daño a su dignidad y las penas se agravan. Sin emabrgo, en ese sentido, Artículo 19, una organización de defensa de la libertad de expresión, señaló que el término “insulto” es demasiado ambiguo, lo que puede facilitar interpretaciones discrecionales y potenciales abusos en su aplicación.
La reforma también introduce otros delitos vinculados al uso de tecnologías:
- Usurpación de identidad: sanción de 6 a 8 años de prisión y multa de 1.000 a 2.000 UMAs (103.740 a 207.480 pesos mexicanos)
- Espionaje digital: acceso no autorizado a dispositivos o sistemas informáticos, con penas de 1 a 3 años de prisión.
- Grooming digital: contacto con menores con fines de manipulación sexual, castigado con hasta 5 años de cárcel.
- Phishing o suplantación de instituciones financieras: sancionado si se hace pasar por una entidad bancaria en línea para obtener datos confidenciales.
Aunque no se dirige explícitamente a redes sociales, la ley impacta directamente la dinámica en estos entornos. Plataformas como Facebook, X, TikTok o cualquier app con funciones sociales podrían enfrentar mayor presión regulatoria en cuanto a contenido, privacidad y seguridad. También existe preocupación de que usuarios que publican denuncias o críticas legítimas en línea puedan ser sujetos a procesos judiciales si alguien argumenta haber sido «ofendido».
Un marco legal con consecuencias para plataformas digitales y usuarios
La ley fue propuesta en noviembre de 2024 por José Luis García Parra, quien actualmente funge como coordinador del gabinete del gobernador del estado, Alejandro Armenta.
El Congreso local aprobó la iniciativa con 35 votos a favor, cinco en contra y una abstención. Partidos políticos como PRI, PAN y Movimiento Ciudadano expresaron que esta reforma podría usarse para silenciar activistas, periodistas y críticos en redes sociales.
De hecho, Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, calificó la ley como “una puñalada a la libertad de expresión” y acusó a Morena, el partido oficialista, de querer “un pueblo callado y con miedo”.
La imagen principal fue creada por Mobile time con IA.
