La digitalización de la recaudación pública en México avanza entre gobiernos estatales y municipales, aunque todavía enfrenta desafíos en la adopción de canales de pago, la conciliación de operaciones y la reducción de la dependencia del efectivo, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional 2026 sobre recaudación digital elaborado por la fintech tapi y el Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal (CIAPEM), asociación civil que reúne a los directores de tecnología e informática de los gobiernos estatales y municipales.
El estudio, basado en respuestas voluntarias de gobiernos que suelen estar entre los más activos en materia de transformación digital, encontró que 78% de las administraciones participantes ya acepta pagos mediante SPEI, 72% cuenta con portales propios para pagos con tarjeta.
Sin embargo, la adopción de otros canales aún es limitada. Sólo 39% de los gobiernos consultados dispone de aplicaciones móviles propias para pagos y más de 20% todavía no cuenta con ningún canal digital de recaudación.
La conciliación sigue siendo el principal cuello de botella
Más allá de la disponibilidad de medios de pago, el diagnóstico identifica la conciliación como uno de los principales retos operativos para los gobiernos.
Apenas 29% de las administraciones encuestadas reportó contar con procesos totalmente automatizados, mientras que 44% opera bajo esquemas mixtos y 28% realiza la conciliación principalmente de forma manual.
Según el reporte, esta fragmentación provoca retrasos en el registro de pagos y dificulta contar con visibilidad en tiempo real sobre los ingresos recaudados.
Morosidad y domiciliación, las tareas pendientes
El estudio identificó además niveles elevados de morosidad. Cerca de la mitad de los gobiernos participantes reportó tasas de incumplimiento de entre 25% y 40% en su principal concepto de cobro, mientras que 21% señaló niveles superiores a 40%.
En contraste, herramientas utilizadas de forma habitual en el sector privado para fomentar pagos recurrentes siguen teniendo baja penetración en el sector público. Cerca de dos terceras partes de las administraciones consultadas aún no ofrecen esquemas de domiciliación o débito automático.
Aunado a ello, cuatro de cada diez gobiernos participantes indicaron que una proporción importante de sus ingresos todavía proviene de pagos en efectivo, lo que refleja que la digitalización convive con modelos tradicionales de cobro, especialmente en zonas con menor acceso a servicios financieros.
Para CIAPEM y tapi, los resultados muestran que el desafío ya no consiste únicamente en habilitar más canales digitales, sino en integrarlos bajo procesos de conciliación más ágiles que permitan mejorar la experiencia de pago y la eficiencia operativa de los gobiernos.
