El Congreso de la República aprobó una nueva ley que permite a los empleadores del sector público y privado pagar sueldos y demás obligaciones laborales a través de billeteras digitales, siempre que exista acuerdo entre ambas partes.
La iniciativa fue promulgada por la presidenta de la República y busca la modernización de los pagos laborales y la inclusión financiera en el país.
La Ley que habilita a las billeteras digitales para percibir el pago de haberes y otras obligaciones laborales reconoce este instrumento como un medio de pago válido y seguro, en línea con las regulaciones existentes sobre la protección de las remuneraciones.
Condiciones para billeteras digitales
El uso de billeteras digitales solo será posible cuando el trabajador así lo acuerde voluntariamente, ya sea al momento de firmar el contrato o posteriormente.
La ley también establece que estas billeteras deben estar vinculadas a cuentas de ahorro o dinero electrónico provistas por empresas supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), y que cuenten con regulación en materia de seguridad, límites operativos y respaldo de fondos.
Además, se especifica que la SBS será la entidad encargada de definir los límites operativos para este tipo de transacciones, con el objetivo de mantener un equilibrio entre seguridad financiera y promoción de la inclusión.
Equivalencia con cuentas bancarias
La legislación aclara que los principios, derechos y obligaciones aplicables al pago en cuentas bancarias convencionales también rigen para las billeteras digitales, garantizando así que los trabajadores mantengan sus derechos laborales intactos, sin importar el medio de pago utilizado.
La norma tiene como finalidad ampliar el acceso a herramientas financieras inclusivas, facilitando que más ciudadanos, en especial aquellos sin acceso tradicional al sistema bancario, puedan recibir pagos laborales de forma rápida, segura y eficiente.
«El uso de billeteras digitales permite reducir barreras geográficas, costos de transacción y tiempos de espera, beneficiando especialmente a trabajadores en zonas rurales o con limitada infraestructura bancaria», indica la ley.
