Jimena Ferráez Ramos, presidenta de la Cámara de Pequeños Operadores de Telecomunicaciones, pidió que la nueva legislación sobre Telecomunicaciones reconozca el papel de las micro, pequeñas y medianas empresas como agentes de conectividad social al momento de la asignación del espectro en México.
Durante su participación en los conversatorios organizados por el Senado sobre la nueva ley de telecomunicaciones, Ferráez señaló que estas empresas han demostrado ser clave en la atención de zonas marginadas, al conectar comunidades donde otros actores no llegan, generar empleo local y empoderar a pueblos originarios.
También cuestionó que los mecanismos actuales de asignación de espectro no están diseñados para pequeños operadores, por lo que propuso establecer un fondo específico que facilite el acceso al espectro y crear un régimen simplificado de concesiones con procesos estandarizados y criterios objetivos. Además, pidió la creación de un comité especializado que permita a estos operadores participar en el diseño de políticas públicas y proyectos de cobertura social.
Expertos llaman a fortalecer la competencia y supervisión
Desde el sector tecnológico, Elizabeth Peña Jauregui, vicepresidenta de relaciones gubernamentales de Ericsson para América Latina, llamó la atención sobre los altos costos del espectro en México, advirtió que esta carga económica frena la inversión en infraestructura, particularmente en zonas rurales.
Peña propuso que la nueva ley reconozca el concepto de “conectividad significativa”, entendida como acceso confiable, seguro y asequible a servicios digitales. Además, sugirió eliminar el IEPS aplicado a telecomunicaciones y rediseñar las licitaciones para que prioricen cobertura sobre recaudación.
Por su parte, Antonio Díaz Hernández, representante legal de AT&T México manifestó su preocupación ante la posibilidad de que el Estado asigne espectro con fines comerciales sin licitación ni contraprestación. Para la compañía, este esquema violaría el principio de neutralidad competitiva establecido en la Constitución y en tratados internacionales como el T-MEC. Su representante señaló que el gobierno sí puede operar redes para brindar servicios públicos, pero bajo un régimen de concesiones de uso público, no comercial. El objetivo, dijo, debe ser cerrar brechas sin generar nuevas asimetrías regulatorias.
Desde la academia, la doctora Claraluz Álvarez, profesora investigadora y excomisionada del órgano regulador Cofetel, recordó que el espectro es un bien estratégico del Estado que debe utilizarse de forma eficiente y con reglas que garanticen mercados funcionales. Cuestionó si otorgar espectro comercial sin licitación constituye una restricción al funcionamiento del mercado.
Gonzalo Rojón, de The Competitive Intelligence Unit, agregó que los altos costos del espectro y la concentración del mercado son dos grandes barreras para mejorar la conectividad en México. Según sus datos, el costo de derechos de espectro ha crecido más de 350% desde 2015, mientras que los precios internacionales han bajado. Rojón considera que mantener esta carga fiscal es regresivo y desalienta la inversión, y propuso, en cambio, reforzar la regulación asimétrica para equilibrar el ecosistema.
Gobierno de México competirá en igualdad de condiciones por el espectro
José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, señaló que el país enfrenta una exclusión digital importante: al menos 15 millones de personas no pueden acceder a internet, ya sea por falta de cobertura o porque no pueden pagar por el servicio, lo que limita el ejercicio pleno de sus derechos.
Entre los elementos centrales de la iniciativa, destacó la posibilidad de asignar espectro de forma diferenciada. El espectro sería gratuito cuando se destine a fines sociales o públicos -como escuelas, centros de salud o programas gratuitos operados por CFE Telecomunicaciones-, y estaría sujeto a las mismas reglas que los operadores privados cuando se utilice con fines comerciales. Adempas afirmó que esta distinción busca dar herramientas al Estado para cerrar brechas sin romper con la equidad del mercado.
Peña Merino también propuso facilitar la interconexión obligatoria entre redes comunitarias y redes de grandes operadores, así como la compartición de infraestructura con condiciones no discriminatorias.
