La iniciativa de nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en México ha encendido un intenso debate entre autoridades, operadores, expertos y representantes del ecosistema digital. Durante la segunda ronda de conversatorios realizada en el Senado de la República este martes 13 de mayo, uno de los puntos más controvertidos fue el nuevo esquema de gestión del espectro radioeléctrico, un recurso estratégico para el desarrollo de redes móviles, especialmente frente a la expansión de la cobertura 4G y el despliegue de la tecnología 5G.
En el evento estuvo presente Felipe Fitzsimons, gerente de políticas públicas para América Latina de la GSMA, quien planteó una postura crítica frente a algunos de los cambios propuestos en el proyecto legislativo. Fitzsimons expuso que México enfrenta un rezago importante en la asignación de espectro para servicios móviles.
Según datos presentados por la GSMA, entre 2021 y 2023 la cantidad de espectro efectivamente asignado para servicios móviles en el país disminuyó, ubicándose actualmente en aproximadamente 560 MHz. Esto no solo coloca a México por debajo del promedio regional, estimado en 865 MHz, sino también muy lejos de los 1.650 MHz que recomienda la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para atender la demanda creciente de conectividad móvil.
“El acceso a internet en México depende en gran medida de la infraestructura móvil, por lo que permitir a los operadores contar con espectro suficiente, en niveles y condiciones adecuadas, es fundamental para expandir y mejorar los servicios”, indicó Fitzsimons.
Desde su perspectiva, los altos precios, las cargas fiscales y los procesos complejos han limitado la participación en subastas y llevado incluso a la devolución de espectro por parte de empresas como Telefónica y AT&T, que no encontraron viabilidad financiera en algunas bandas.
Preocupación por asignaciones directas de espectro radioeléctrico
Uno de los aspectos que más inquietud genera en la industria es la posibilidad, contemplada en el proyecto de ley, de que el Estado asigne espectro de forma directa y sin contraprestación a entidades públicas para ofrecer servicios con fines comerciales. Para la GSMA, esta figura pone en riesgo el equilibrio del ecosistema móvil.
En palabras de Fitzsimons, esta medida podría desalentar las inversiones de los operadores que ya han desarrollado capacidades técnicas, operativas y financieras para desplegar redes en todo el país. “Asignar espectro gratuito para fines comerciales genera efectos adversos en tres dimensiones: eficiencia, equidad y previsibilidad”, advirtió.
Desde su visión, se desincentiva la inversión en infraestructura, se distorsionan las condiciones de competencia y se genera incertidumbre para quienes evalúan ingresar o expandirse en el mercado.
Añadió que la GSMA sostiene que los procesos abiertos, transparentes y competitivos han demostrado ser los mecanismos más eficaces para asignar espectro, no solo en términos de eficiencia económica, sino también para alcanzar los objetivos de cobertura universal. Al mismo tiempo, reconoce que el Estado tiene un papel clave en llevar conectividad a las regiones donde el mercado no llega, pero considera que ese rol debe ser focalizado y complementario, no sustitutivo.
Foto: Senado de México
