Especialistas en integridad electoral y análisis digital advirtieron que la propuesta de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum en México para regular el uso de inteligencia artificial y bots durante las campañas enfrenta retos técnicos, jurídicos e institucionales que podrían complicar su implementación.
La iniciativa, que no prosperó tras no recibir los votos suficientes en el Senado, planteaba facultar al Instituto Nacional Electoral (INE) para ordenar el retiro de contenidos digitales que, tras un análisis técnico, sean identificados como parte de campañas automatizadas, redes coordinadas o material generado con IA.
Sin embargo, especialistas advierten que uno de los principales desafíos es definir con precisión qué constituye manipulación tecnológica en el contexto electoral.
Dr. Maximiliano García, académico de la UNAM (Foto: Cortesía)
El académico de la UNAM, Maximiliano García Guzmán, experto en temas electorales, explicó a Mobile Time Latinoamérica que la manipulación digital debería entenderse como la generación de información falsa o engañosa mediante herramientas tecnológicas que provoquen confusión entre los votantes.
No obstante, señaló que el diseño de la norma podría generar incertidumbre jurídica si no se delimita con claridad qué es y quién es responsable de estos contenidos.
Según explicó, uno de los riesgos es que la regulación termine concentrando la responsabilidad principalmente en quienes producen el contenido digital, mientras que los actores que lo amplifican, como medios o usuarios que lo reproducen, quedarían con menos obligaciones claras.
«Si la definición es demasiado amplia, puede generar incertidumbre jurídica y un efecto inhibidor en la conversación pública», explicó.
Nuevas facultades para el INE con menos recursos
García Guzmán explicó que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya cuenta con experiencia en monitoreo de medios tradicionales, una tarea que, dijo, se realiza de manera adecuada incluso considerando la velocidad del ciclo informativo, y que en ocasiones se realiza con apoyo de universidades.
Sin embargo, advirtió que trasladar ese modelo al ecosistema digital implica una complejidad mucho mayor debido al volumen de contenidos, la velocidad de circulación de la información y la diversidad de plataformas.
El problema, señaló, es que la reforma electoral también propone ajustes presupuestales al sistema electoral.
«Por un lado, se le están dando nuevas responsabilidades para monitorear plataformas digitales y detectar manipulación tecnológica pero, al mismo tiempo, se plantea reducir recursos», detalló.
Esta combinación podría dificultar que el organismo electoral cuente con la infraestructura técnica y el personal especializado necesarios para supervisar campañas digitales en tiempo real. Y si a eso se suma que las sanciones tampoco son claras, el incentivo para incumplir crece. «Si el INE no va a tener la capacidad técnica de supervisarlo y eso además no implica una sanción que afecte la validez de una elección, le resulta más barato incumplir», advirtió García Guzmán.
Cómo podría funcionar la supervisión digital
Daniela Arias, investigadora de Laboratorio Electoral en think tank independiente en México, especializado en análisis de procesos electorales, señaló en entrevista con Mobile Time Latinoamérica, que la regulación del contenido generado con inteligencia artificial requeriría mecanismos técnicos de coordinación con plataformas digitales.
Daniela Arias, investigadora del Laboratorio Electoral (Foto: Cortesía)
Una de las referencias que mencionó es el modelo europeo de supervisión tecnológica. Este consiste en que las plataformas puedan reportar contenido potencialmente problemático a las autoridades por medio de canales técnicos especializados sin exponer directamente la identidad del usuario.
Este tipo de mecanismos funciona como una especie de «caja de arena» o espacio controlado donde la autoridad puede analizar la información técnica del contenido antes de determinar si existe una infracción.
Según Arias, implementar un sistema de este tipo requeriría equipos especializados en análisis digital, herramientas de monitoreo y procesos claros de revisión humana dentro del organismo electoral.
Límites del sistema actual de fiscalización
Arias también advirtió que el sistema actual de fiscalización electoral enfrenta limitaciones para sancionar prácticas de manipulación digital.
Explicó que, en muchos casos, las autoridades electorales solo pueden imponer sanciones si se demuestra que una práctica irregular generó un beneficio directo para una campaña o candidatura.
Esto complica actuar frente a fenómenos como redes coordinadas de desinformación o amplificación artificial de mensajes.
La investigadora también señaló que, en algunos casos, el propio INE ha solicitado información a organizaciones de la sociedad civil que monitorean procesos electorales en línea, como informes elaborados por observatorios especializados. «El problema es demostrar quién financia realmente las campañas digitales, porque muchas veces se hacen a través de intermediarios o agencias externas», señaló.
Incentivos para campañas digitales
Ambos especialistas coincidieron en que algunos elementos de la reforma podrían modificar los incentivos de las campañas electorales en el entorno digital.
Entre los cambios propuestos se encuentra la reducción de 25% del financiamiento público a partidos políticos, lo que podría aumentar el uso de herramientas digitales de bajo costo, como la inteligencia artificial generativa, para producir grandes volúmenes de contenido político.
«Estudios sobre campañas digitales en México han identificado patrones de comportamiento coordinado y uso de publicidad pagada en plataformas para amplificar ciertos mensajes», señaló Arias.
Uno de los principales desafíos para sancionar estas prácticas es demostrar quién financia realmente las campañas digitales, ya que muchas veces se realizan a través de intermediarios o agencias externas. «Por supuesto que vamos a ver campañas mucho más personalizadas y una ampliación de redes de clientelismo. Son prácticas que ya vemos en otros países donde se han implementado estos cambios», advirtió Arias.
Reforma enfrenta resistencia en el Congreso
El debate sobre estas medidas ocurría mientras la reforma electoral ya enfrentaba dificultades políticas en el Congreso.
Aunque el dictamen fue aprobado en comisiones de la Cámara de Diputados con el respaldo de Morena, partidos aliados como el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) votaron en contra junto con la oposición, lo que ya anticipaba un rechazo en el pleno.
Para modificar la Constitución, la iniciativa requiere el voto de dos terceras partes de los legisladores, es decir, de al menos 334 diputados, una mayoría que el bloque oficialista no tiene asegurada.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó esta semana que su gobierno ya cumplió con el compromiso de presentar la reforma y señaló que ahora corresponde a los legisladores decidir si la aprueban.
En caso de ser rechazada, legisladores de Morena han mencionado la posibilidad de presentar un nuevo paquete de cambios en materia electoral —distinto del llamado «Plan B» impulsado durante el sexenio anterior— que podría retomar algunos de los elementos de la iniciativa actual.
Mientras tanto, el debate sobre la regulación de inteligencia artificial y automatización digital en campañas electorales continúa creciendo en México, en un contexto internacional marcado por la preocupación sobre el uso de deepfakes, bots y otras herramientas para influir en la conversación pública.
La imagen principal fue creada por Mobile Time con IA.
