La discusión sobre la constitucionalidad del impuesto del 2% a plataformas digitales como Uber y Didi en la Ciudad de México volvió a dividir posturas entre repartidores, sindicatos digitales y empresas del sector, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza si el gravamen debe mantenerse o declararse inconstitucional.
El artículo 307 Ter del Código Fiscal de la Ciudad de México, aprobado en 2021, establece un cobro del 2% mensual a las plataformas digitales por el uso de la infraestructura pública.
En 2022, la empresa Cargamos Mobility promovió un amparo argumentando violaciones a los principios de igualdad y no discriminación, ya que el gravamen no se aplica de forma general a todos los usuarios de la vía pública.
En junio de 2025, la Segunda Sala de la SCJN declaró inconstitucional el impuesto por considerarlo un gravamen nuevo, lo que suspendió su aplicación temporalmente. No obstante, el tema regresó al pleno este año tras una nueva interpretación fiscal impulsada por el Gobierno capitalino.
RUM: “Impuesto temina repecutiendo en trabajadores”
Alrededor de 300 repartidores por aplicación miembros del colectivo Repartidores Unidos de México (RUM), acudieron a las instalaciones del máximo tribunal. Su objetivo es pedir a las ministras y ministros votar en contra del impuesto establecido por el Gobierno capitalino por el uso de la vía pública.
Aseguraron mediante un comunicado de prensa que, aunque se dirige formalmente a las empresas tecnológicas, el costo terminará trasladándose a los trabajadores y comercios que dependen de los servicios de entrega.
“Nos dicen que el impuesto es para las empresas, pero termina repercutiendo en nosotros. Más impuestos significan mayores precios para los usuarios, menos pedidos, menos propinas y menos ingresos para nuestras familias”, expusieron en una carta dirigida al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, las ministras Lenia Batres, Loretta Ortiz, Sara Irene Herrerías y el ministro Irving Espinoza.
Los repartidores también advirtieron que ya enfrentan múltiples cargas económicas, como Impuesto del Valor Agregado (IVA), Impuesto Sobre la Renta (ISR), licencias de conducir, placas, tenencia y la afiliación al IMSS.
Esto se añade a la inseguridad y falta de infraestructura vial adecuada, sin que existan beneficios tangibles que justifiquen un nuevo cobro.
UNTA: “Las plataformas deben pagar, no los trabajadores”
En contraste, la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación y de Reparto de México (UNTA) expresó, mediante sus redes sociales, su respaldo al impuesto, al considerar que las plataformas digitales deben asumir su responsabilidad fiscal.
“La discusión no se trata solo de un tema tributario, sino de una decisión que definirá si en México la economía digital se consolida bajo un modelo de justicia social o si continúa siendo un espacio de privilegios corporativos y evasión fiscal”, señaló la organización en un comunicado.
Para la UNTA, el aprovechamiento del 2% “no grava a los trabajadores, sino a las empresas”. En caso de que las plataformas decidan trasladarlo a los repartidores, “sería una decisión arbitraria y contraria al espíritu de la ley”.
La organización también criticó el discurso de las empresas tecnológicas que, afirma, “se presentan como defensoras de los trabajadores cuando les han negado derechos básicos, seguridad social y estabilidad económica”.
En ese sentido, pidió a la SCJN no liberar de responsabilidades fiscales a las corporaciones multinacionales.
Alianza In: “El impuesto afectará empleo e innovación”
Por su parte, la Asociación Nacional de Plataformas Digitales, Alianza In México, que agrupa a las principales empresas de reparto y movilidad, solicitó a la Suprema Corte reconsiderar la constitucionalidad del gravamen, al advertir que su aplicación tendría efectos regresivos en la economía digital mexicana.
De acuerdo con la asociación, mantener vigente el cobro “impactaría directamente en los ingresos de miles de repartidores, conductores y pequeños comercios”, además de encarecer los servicios y desincentivar la innovación tecnológica.
Según la organización, podría incluso contravenir compromisos internacionales de México, como los contemplados en el T-MEC.
La imagen principal fue creada por Mobile Time con IA.
