El conflicto entre Telefónica Perú y sus principales acreedores ha escalado al ámbito judicial luego de que el Décimo Primer Juzgado Constitucional de Lima admitiera una demanda de amparo que busca anular la venta de la filial peruana al grupo argentino Integra Tec.
Esta acción fue presentada por tenedores de bonos, entre ellos las administradoras de fondos de pensiones Integra, Profuturo y Prima, quienes argumentan que no fueron notificados de la transacción, a pesar de haber solicitado formalmente que la compañía ingresara a un proceso concursal para reestructurar sus deudas.
La transacción, que se anunció el 13 de abril, se dio a conocer dos meses después de que Telefónica solicitara acogerse a dicho procedimiento ante el Indecopi. Para los acreedores, la venta fue irregular y constituye una vulneración de sus derechos, en particular del derecho a la propiedad que les asiste como titulares de bonos por más de 2.365 millones de soles.
El abogado de los demandantes sostiene que la transferencia de acciones se realizó sin respetar el proceso correspondiente, lo que podría afectar directamente el derecho de cobro de los bonistas. Aunque la demanda se encuentra en una etapa inicial, la admisión por parte del Poder Judicial permite al juez evaluar si esta operación vulneró derechos constitucionales.
Una eventual resolución podría incluso suspender los efectos de la venta, o declarar su ineficacia, si se concluye que atenta contra el derecho patrimonial de los acreedores.
Por otro lado, algunos expertos en derecho concursal consideran que la demanda tiene un trasfondo más estratégico que legal. Aseguran que, dado que el procedimiento no fue sometido a un concurso per sé, no existía aún una junta de acreedores con facultades para decidir sobre la operación. Además, sostienen que la transferencia de acciones corresponde a Telefónica Hispanoamérica, y no a la filial peruana, lo que dificultaría jurídicamente revertir la transacción.
Cabe destacar que el mayor acreedor de Telefónica Perú es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat); sin embargo, no forma parte de la demanda de amparo presentada para anular la venta. Esta acción legal fue impulsada por otros acreedores relevantes, como los administradores de fondos de pensiones Integra, Profuturo y Prima, quienes buscan ejercer su derecho a participar en las decisiones sobre el futuro de la empresa, al considerar que la operación se concretó sin su consentimiento y fuera del marco del procedimiento concursal solicitado ante Indecop.
La imagen de arriba fue creada por Mobile Time con inteligencia artificial.
