La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la eliminación del artículo 142 de su propuesta de reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, esta decisión surge tras el rechazo generalizado de organizaciones, expertos y legisladores que consideraban que dicho apartado abría la posibilidad de que el Estado pudiera suspender plataformas digitales sin orden judicial, generando preocupaciones sobre posibles mecanismos de censura.
El retiro del artículo se enmarca dentro de los esfuerzos del Gobierno por establecer un nuevo marco regulatorio para el ecosistema digital, el espectro radioeléctrico y los servicios de radiodifusión. Sheinbaum argumentó que su iniciativa busca ampliar el acceso, mejorar la competencia y garantizar los derechos de las audiencias y usuarios. Además detalló que, en caso de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o alguna otra área viera algún tema relacionado con un asunto respecto a la legalidad de esas transmisiones, se pueda tomar medidas.
Asimismo reiteró que la ley busca regular todo en términos del internet, telefonía celular, telefonía fija, bandas de satélites, una ley que regula todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones. Frente al debate que avanza en el Senado, la presidenta declaró que es una oportunidad para que participen quienes son parte de aquellos que tienen una concesión de radio y televisión, pero también para que la ciudadanía participe y entienda la nueva Ley de Telecomunicaciones.
Senado abre discusión sobre Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión
Este jueves el Senado inició una serie de conversatorios con actores clave del sector público, privado y de la sociedad civil para analizar el dictamen de la iniciativa. Como parte del Parlamento Abierto convocado, se pretende enriquecer la propuesta legislativa y construir el dictamen final.
Durante la apertura del primer foro, el senador Javier Corral, secretario de la comisión, resaltó la relevancia de este diálogo y la necesidad de atender con una visión crítica el poder que hoy concentran las grandes plataformas digitales a nivel global.
Corral recordó que este es un momento clave para actualizar la legislación ante los retos de una nueva era tecnológica, en la que el control simbólico de la información ya no recae exclusivamente en medios tradicionales, sino en corporaciones tecnológicas globales. También destacó que esta nueva legislación es una oportunidad para atender los desafíos actuales con visión de futuro.
Desde distintos grupos parlamentarios también se plantearon cuestionamientos hacia la Ley de Telecomunicaciones. El senador Clemente Castañeda expresó inquietudes sobre los mecanismos que evitarán que organizaciones criminales accedan a concesiones de espectro, mientras que Carolina Viggiano, del PRI, pidió claridad sobre el papel dual del Estado como regulador y participante del mercado. Ricardo Anaya, del PAN, lamentó la posible pérdida de autonomía regulatoria si el nuevo modelo sustituye al Instituto Federal de Telecomunicaciones por una agencia con menor independencia.
Participación de la Sociedad Civil
Por su parte, representantes de organizaciones civiles y de la industria expresaron sus puntos de vista respecto a la Ley de Telecomunicaciones. Jorge Bravo Torres, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, advirtió que el registro de telefonía móvil que plantea en su iniciativa la presidenta Sheinbaum es inconstitucional. Bravo recordó que el 25 de abril de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que pretendía obligar a los usuarios a proporcionar datos personales y biométricos.
Además señaló que la iniciativa, aprobada en comisiones el 24 de abril y posteriormente detenida para análisis en el Senado, otorga facultades a la Agencia de Transformación Digital (ATDT) para establecer lineamientos obligatorios sobre el registro de usuarios de telefonía móvil, exponiendo datos sensibles al riesgo de vigilancia y ciberespionaje.
Adriana Labardini, de la asociación Conectadas, llamó a evitar errores legislativos que pongan en riesgo el futuro de la transformación digital en México.
Entre los temas técnicos que se discutieron también está la necesidad de garantizar tarifas justas, ampliar la cobertura en zonas marginadas y reducir la brecha digital, así como la importancia de preservar los avances regulatorios de la última década, logrados gracias a la autonomía del IFT.
Jorge Fernando Negrete, presidente de DPL Group, afirmó que la nueva ley debe ser una legislación de comunicación e infraestructura digital. Durante su participación, enfatizó que la normativa debe habilitar los derechos fundamentales de los ciudadanos por medio de la infraestructura digital, y advirtió que la iniciativa ha generado una de las mayores controversias mediáticas de los últimos seis años.
Negrete subrayó que la infraestructura digital requiere grandes inversiones, que actualmente están siendo desincentivadas por la falta de certidumbre y los altos costos del espectro. Propuso crear un Ministerio de Infraestructura, como existe en países como España o Colombia, para garantizar una política pública efectiva y neutral, agregó que esto podría lograrse mediante la ATDT, siempre que esta separe sus funciones y mantenga neutralidad regulatoria.
Imagen: Senado de México
