La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) advirtió sobre los posibles efectos de la integración empresarial entre COMCEL, Azteca Comunicaciones Colombia (ACC), TV Azteca Sucursal Colombia y Total Play Telecomunicaciones Sucursal Colombia, una operación que podría ampliar la capacidad y cobertura de las redes, pero también generar riesgos para la competencia en el mercado de telecomunicaciones en el país.
La CRC remitió a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) un concepto técnico en el que analiza los efectos de la operación sobre los mercados mayoristas y minoristas de comunicaciones. El organismo señaló que el principal riesgo está relacionado con el control que COMCEL (comercialmente conocido como Claro) podría adquirir sobre una infraestructura utilizada por operadores que también compiten con la compañía por los usuarios finales.
De acuerdo con la información analizada por la CRC, la operación contempla la posible adquisición por parte de COMCEL de la red de ACC mediante la compra de la totalidad de las acciones de esa sociedad, así como de la red del Proyecto Nacional de Fibra Óptica (PNFO), a través de la cesión de la posición contractual de la Unión Temporal de Fibra Óptica (UTFO), conformada por TV Azteca Comunicaciones S.A. de C.V. y ACC, en el contrato de aporte correspondiente. La transacción también incluye la adquisición de TV Azteca Sucursal Colombia.
¿Qué infraestructura está involucrada?
El PNFO fue concebido como un habilitador para ampliar la infraestructura de fibra óptica del país y llevar conectividad de alta velocidad a municipios e instituciones educativas que fueron definidos como beneficiarios del proyecto, con el objetivo de reducir la brecha digital entre estos territorios y otras zonas del país.
El proyecto se materializó mediante el Contrato de Aporte No. 437 de 2011, suscrito el 10 de noviembre de ese año. El contrato estableció la prestación a terceros de servicios de telecomunicaciones en al menos 753 municipios y 2.000 instituciones públicas.
Para desarrollar el proyecto, el entonces Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Fondo TIC) aportó recursos de fomento, mientras que el contratista asumió el desarrollo, instalación, puesta en servicio, operación, administración y mantenimiento de una red propia de fibra óptica.
El contrato tuvo una vigencia de 17 años y seis meses, contados desde el acta de inicio, suscrita el 12 de diciembre de 2011, y tuvo como objetivo impulsar la expansión de la infraestructura nacional de fibra óptica mediante la conexión de los municipios incluidos en el proyecto y la provisión de conectividad de banda ancha.
En el marco de la operación analizada actualmente, esta infraestructura pasaría a estar bajo el control de COMCEL, situación que constituye uno de los principales elementos considerados por la CRC desde la perspectiva de competencia.
Acceso a la infraestructura
La operación permitiría a COMCEL incorporar una red de aproximadamente 32.000 kilómetros de fibra óptica, con presencia en 893 municipios y utilizada para soportar los servicios de más de 250 operadores, entre proveedores mayoristas, operadores minoristas y pequeños proveedores de internet.
Para la CRC, el punto central es determinar qué ocurriría con las condiciones de acceso a esta infraestructura una vez que pase a estar bajo el control de un operador que compite directamente en los mercados minoristas.
Uno de los principales puntos de preocupación está en las 874 rutas de fibra de Azteca que pasarían a ser administradas por COMCEL. Según el análisis, COMCEL sería el único proveedor de conectividad por fibra óptica en 778 de esas rutas.
Esto podría aumentar la dependencia de operadores que actualmente utilizan dicha infraestructura y que, al mismo tiempo, compiten con COMCEL en los mercados minoristas de servicios fijos y móviles.
En el mercado portador, la CRC identificó además un aumento de más de 200 puntos en el Índice Herfindahl-Hirschman (IHH) —indicador utilizado para medir la concentración de los mercados— en 78 municipios.
Riesgos para el mercado móvil
La integración también podría generar eficiencias para COMCEL, principalmente mediante una reducción de costos y mejores condiciones para prestar sus servicios. Sin embargo, las simulaciones realizadas por la CRC muestran que estos beneficios no necesariamente se traducirían en menores precios para los usuarios. En los grupos de municipios analizados, los escenarios evaluados por el regulador incluso contemplan la posibilidad de aumentos de precios.
La CRC también advierte que un eventual incremento en el costo del transporte mayorista para los competidores de COMCEL podría reducir sus márgenes y afectar su capacidad para competir en el mercado minorista.
Aunque la operación tiene principalmente un carácter vertical y no implica directamente la salida de un competidor del mercado móvil, la CRC identifica otro riesgo y es que COMCEL podría pasar a controlar un insumo mayorista relevante para operadores con los que compite por los usuarios.
Por ello, el concepto advierte sobre un posible estrechamiento de márgenes si las condiciones de acceso a la infraestructura se deterioran o el insumo mayorista se encarece para otros operadores, mientras COMCEL fortalece su posición en el mercado minorista.
Sin embargo, para la CRC los posibles beneficios de la operación se pueden ver reflejados en que la incorporación de esta infraestructura podría ampliar la capacidad y cobertura de transporte de COMCEL, aumentar la redundancia de las redes ante fallas y permitir mayores velocidades.
También podría facilitar la expansión y modernización de las redes 4G y 5G, además de mejorar las condiciones para la prestación del Roaming Automático Nacional (RAN) en municipios cubiertos por la infraestructura de Azteca. No obstante, para la CRC es importante garantizar que estas eficiencias se traduzcan en beneficios para los usuarios sin deteriorar las condiciones de competencia.
CRC plantea salvaguardas
La decisión sobre la integración corresponde exclusivamente a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). La CRC aclaró que su concepto no constituye una aprobación ni un rechazo de la operación, sino un insumo técnico especializado para evaluar sus efectos sobre los mercados de comunicaciones.
En caso de que la SIC autorice la integración con condicionamientos, la CRC considera necesario establecer medidas que garanticen condiciones efectivas de acceso a la infraestructura, mantengan o mejoren los compromisos asociados al Plan Nacional de Fibra Óptica y mitiguen los riesgos competitivos identificados.
El seguimiento también deberá permitir verificar que las eficiencias anunciadas se traduzcan efectivamente en mayor cobertura, mejor calidad, precios competitivos y más alternativas para los usuarios.
La Comisión explicó que para elaborar el concepto analizó los principales mercados mayoristas y minoristas de los servicios de comunicaciones y realizó simulaciones para determinar cómo la integración podría incidir en la competencia, los precios, la calidad y las opciones disponibles para los usuarios.
El análisis se enmarca en las funciones legales de la CRC, establecidas en la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, relacionadas con la promoción de la competencia, la prevención del abuso de posición dominante, la regulación del acceso y uso de las redes y la protección de los derechos de los usuarios.
A medida que avance el trámite, la CRC evaluará la pertinencia de remitir recomendaciones adicionales y continuará aportando evidencia y criterios técnicos para que la SIC adopte la decisión correspondiente.
