La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) expidió la Resolución 8308 de 2026, que obligará a los operadores a identificar llamadas sospechosas y comerciales, bloquear comunicaciones provenientes de números irregulares y validar la autenticidad de los mensajes enviados por empresas y entidades.
La decisión responde al aumento de las estafas realizadas mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto. Según cifras de la CRC, este fenómeno genera reclamaciones superiores a 252 millones de pesos colombianos diarios. Entre 2022 y 2024, el valor de estas reclamaciones se triplicó.
La nueva regulación establece un conjunto de medidas técnicas y operativas que se implementarán de manera gradual con el objetivo de dificultar la suplantación de identidad, fortalecer la trazabilidad de las comunicaciones y ofrecer más herramientas a los usuarios para identificar posibles intentos de fraude antes de responder una llamada o interactuar con un mensaje.
Alerta de llamadas sospechosas
Entre los principales cambios está la incorporación de una alerta de llamada sospechosa. Los operadores deberán monitorear las llamadas en tiempo real y, cuando detecten comportamientos atípicos, como un mismo número realizando múltiples llamadas cortas en pocos minutos, mostrarán en la pantalla del usuario una advertencia. La CRC aclaró que esta alerta no significa que exista un fraude confirmado, sino que busca incentivar la verificación antes de entregar información personal.
La regulación también obliga a las empresas que realizan campañas comerciales a registrar previamente los números desde los cuales llaman. De esta forma, las llamadas aparecerán identificadas con la etiqueta «Llamada con fines publicitarios», permitiendo a los usuarios reconocer que se trata de una comunicación comercial antes de contestar.
Otra de las medidas será el bloqueo de llamadas originadas desde números que no estén oficialmente asignados o que únicamente hayan sido habilitados para recibir comunicaciones. Asimismo, la CRC anunció que bloqueará las llamadas internacionales que intenten presentarse como si provinieran de un número colombiano, práctica conocida como spoofing, una vez se definan las condiciones técnicas para su implementación.
Validación de SMS
En materia de mensajería, la resolución establece un nuevo esquema de validación para los SMS enviados por bancos, entidades públicas, comercios y plataformas digitales. Estos mensajes deberán identificar claramente al remitente, utilizar códigos cortos autorizados y emplear formatos previamente registrados.
Para ello se creará un sistema centralizado de verificación que será consultado por los operadores antes de entregar el mensaje al usuario. Cuando finalice el periodo de transición, los mensajes que no superen este proceso de validación serán bloqueados.
La CRC también exigirá a los operadores monitorear el uso de líneas móviles tradicionales cuando sean utilizadas para enviar grandes volúmenes de mensajes. Si detectan un comportamiento inusual, deberán contactar al titular de la línea y, si la actividad persiste, podrán aplicar restricciones temporales mientras se verifica su legitimidad.
Implementación por etapas
La entrada en vigor de las medidas será progresiva: En tres meses se hará el proceso de identificación de llamadas sospechosas y publicitarias, además del bloqueo de números que no pueden originar llamadas.
En seis meses, se inicia el monitoreo de mensajes masivos enviados desde líneas comunes y lanzamiento del micrositio pedagógico.
En doce meses, será el inicio del nuevo sistema de validación de mensajes empresariales, una vez se defina el modelo de remuneración del ecosistema. Posteriormente, se dará comienzo al bloqueo de llamadas internacionales que simulen provenir de números colombianos, cuando la CRC adopte los parámetros técnicos correspondientes.
Como parte de la estrategia integral, se creará el Comité Técnico de Lucha contra el Fraude en Redes de Servicios Móviles, un espacio de coordinación entre operadores, empresas de mensajería y autoridades para compartir información sobre nuevas modalidades de fraude y coordinar acciones de respuesta.
Adicionalmente, se pondrá en funcionamiento un micrositio con recomendaciones para los ciudadanos y exigirá que los actores del sector desarrollen al menos cuatro campañas pedagógicas al año sobre prevención del fraude digital.
