El robo de cables y el vandalismo contra la infraestructura de telecomunicaciones se consolidan como una de las principales amenazas para la conectividad en América Latina.
El estudio ‘Robo de cables y vandalismo de infraestructura de telecomunicaciones en América Latina’ del Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (Cet.la) revela que el 63% de los operadores en la región ha registrado un aumento significativo o moderado en estos incidentes durante los últimos cinco años.
El fenómeno impacta de forma directa la prestación de servicios de telefonía móvil, internet y televisión, generando interrupciones recurrentes que afectan tanto a usuarios como a sectores productivos.
La investigación advierte que detrás de estos delitos operan, en la mayoría de los casos, estructuras criminales organizadas. Cerca del 85% de los incidentes analizados en reportes de prensa están asociados a este tipo de redes, motivadas principalmente por la reventa de cobre y otros materiales en mercados ilegales.
Las consecuencias se traducen en fallas constantes en la conectividad, especialmente en zonas donde estos delitos son recurrentes. Según el estudio, 58% de los operadores reporta un incremento en el número de usuarios afectados por robos o daños a la infraestructura.
La situación no solo deteriora la calidad del servicio, sino que también genera desconfianza entre los usuarios y limita el acceso a servicios esenciales en comunidades vulnerables.
Un problema estructural en la región
El impacto también se siente en las finanzas del sector. Las empresas deben asumir costos por reparación de redes, reposición de equipos y refuerzo de medidas de seguridad. A esto se suman pérdidas por interrupciones del servicio y sanciones regulatorias por incumplimiento de indicadores de calidad.
El informe señala que 81% de los operadores considera que los tiempos de respuesta ante estos incidentes afectan su operación, mientras que 8 de cada 10 advierten que las sanciones actuales contra los responsables son insuficientes.
El análisis, que incluyó la revisión de más de 100 casos reportados en prensa entre 2020 y 2025 en 19 países, concluye que el robo de infraestructura es un problema estructural, agravado por debilidades en seguridad y falta de coordinación institucional.
Colombia y Chile reducen casos
Aunque países como Colombia y Chile muestran avances en la reducción de casos, el fenómeno sigue extendido en la región y, en algunos casos, vinculado a cadenas de comercialización internacional de materiales.
El estudio plantea la necesidad de una respuesta articulada entre operadores, gobiernos y autoridades de seguridad para frenar estos delitos. También advierte sobre la falta de datos consolidados que permitan dimensionar con precisión el problema.
Más allá de las pérdidas económicas, el informe subraya un riesgo mayor: el impacto sobre el desarrollo digital. La persistencia de estos ataques dificulta la expansión de redes y retrasa el cierre de la brecha digital en América Latina.
