El Congreso paraguayo aprobó la Ley del Sistema Nacional de Pagos, una normativa que reemplaza la ley vigente desde 2012 y redefine las reglas de juego para bancos, fintech, procesadores de pagos y otros actores del sistema.
El nuevo marco legal, impulsado por el Banco Central del Paraguay (BCP) y aprobado por el Congreso, tiene como pilares la interoperabilidad obligatoria, la apertura a nuevos jugadores, una regulación más robusta y el fortalecimiento del rol supervisor del Banco Central.
Ejes de la nueva ley de pagos
Uno de los ejes más importantes de la ley es la modernización de los medios de pago. La norma reconoce legalmente el uso de instrumentos digitales y se consolidan mecanismos como transferencias vía código QR, truncamiento de cheques, y nuevos títulos electrónicos negociables (como los CDA-e), reforzando el rol del BCP como regulador del ecosistema electrónico.
Otro pilar importante es la inclusión financiera y competencia. El texto establece condiciones para mejorar la competencia y fomentar la entrada de nuevos operadores —incluyendo fintechs e incluso plataformas internacionales como PayPal— mediante la definición clara de roles, límites de tarifas y exigencias de transparencia.
También le otorga poder al Banco Central, quien podrá dictar normas técnicas, supervisar a todos los actores del sistema, establecer sanciones —desde multas hasta la revocación de licencias— y exigir la separación estructural de funciones a empresas que participen en varios roles del sistema.
Este último preocupa a algunos sectores más tradiciones, pues en el artículo señala que el BCP podrá pedir la separación estructural de empresas que cumplan varios roles dentro del sistema financiero.
Fintech celebran, sectores tradicionales inquietos
La Cámara Paraguaya de Fintech respaldó la ley como “una herramienta esencial para consolidar un entorno de pagos más eficiente, justo y competitivo”. El sector fintech espera que la ley permita ampliar el acceso a servicios financieros digitales a sectores históricamente excluidos, generando un impacto directo en la inclusión financiera y la digitalización de la economía. El enfoque de interoperabilidad busca además reducir barreras para usuarios, comercios y pequeñas empresas.
Por su parte, actores tradicionales como Bancard S.A. — actual líder en procesamiento de pagos en Paraguay— manifestaron su preocupación por el alcance de las nuevas atribuciones del Banco Central, que podrían alterar el equilibrio de poder en un mercado históricamente concentrado.
Bancard ya había sido objeto de sanciones en el pasado por abuso de posición dominante, según fallos previos de la Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM).
Mientras que la CONACOM valoró positivamente la nueva ley, pues incorpora recomendaciones formuladas en 2023 para garantizar la interoperabilidad entre procesadoras de tarjetas y prevenir prácticas anticompetitivas.
Reafirmó su apoyo al nuevo marco legal y señaló que representa una oportunidad para “promover un entorno más competitivo en el sector de pagos”, siempre que las futuras reglamentaciones del Banco Central se elaboren con criterios de neutralidad.
Con la promulgación oficial por parte del Poder Ejecutivo, el desafío inmediato será la reglamentación de la ley por parte del Banco Central de Paraguay.
