La nueva ley de telecomunicaciones aprobada recientemente por la Cámara de Diputados en México representa un cambio significativo en la estructura institucional del sector, pero no necesariamente una modernización, según advierten Ernesto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit (The CIU) y Samuel Bautista, coordinador de Investigación de la misma firma.
En entrevista con Mobile Time Latinoamérica, los analistas dijeron que si bien era necesaria una actualización al marco legal vigente desde 2014, el contenido de la reforma no aborda temas urgentes como ciberseguridad, inteligencia artificial ni una reconfiguración adecuada del entorno competitivo.
“Nosotros lo veníamos diciendo, ‘oigan, hay que hacer una revisión en serio, hay que tener nuevas medidas, eran o nuevas medidas o una reforma 2.0’ (…) La pregunta es, ¿es esta la reforma que venía al caso o que necesitábamos? No estoy tan seguro. Para los que fuimos invitados al Senado, dijimos: ‘Oigan, esta ley no trae los temas vigentes’. Yo no veo ahí temas de ciberseguridad, no veo temas de inteligencia artificial. Veo varios temas presentes y futuros ausentes”, afirma Ernesto Piedras.
Reforma sí, pero no así
Ernesto Piedras, Director General de The Competitive Intelligence Unit (CIU)
A juicio de Piedras, uno de los principales errores fue desmantelar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), órgano autónomo con una década de experiencia técnica y jurídica (que regulaba el sector). De hecho, alertó sobre una pérdida de especialización y autonomía.
“Desarticular un cuerpo colegiado de especialistas para concentrar decisiones en pocas manos es muy peligroso para un sector que requiere alta especialización y continuidad institucional. Este tipo de conocimientos no se improvisan”, advirtió.
Samuel Bautista agregó que el nuevo ecosistema estará dividido entre la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), con competencias que podrían cruzarse en regulación asimétrica, tarifas de interconexión o concentración de frecuencias.
“La CRT y la CNA podrían entrar en conflicto por atribuciones regulatorias, lo cual no fortalece la certidumbre del sector, sino que la fragmenta (…) Vamos a enfrentar conflictos competenciales que, como ya sucedía, pueden terminar por distraer a las autoridades de resolver los verdaderos problemas del mercado”, explicó.
Según detalló la CRT asumirá funciones técnicas como la administración del espectro, la regulación de servicios y el otorgamiento de concesiones, mientras que la CNA se encargará de vigilar la competencia económica en el sector, con facultades para sancionar prácticas monopólicas y ordenar desincorporaciones de activos.
Ambos expertos también cuestionaron la desaparición de contrapesos técnicos e institucionales que ofrecía el IFT. No obstante, Bautista reconoció que, aunque el rediseño institucional presenta riesgos, también podría representar una oportunidad si se logra una correcta coordinación entre órganos.
“La separación de funciones entre la CRT y la CNA puede ser positiva en la medida en que se respeten los ámbitos técnicos y se evite la duplicidad o invasión de competencias”, señaló. A su juicio, el modelo puede funcionar si se acompaña de reglas claras que definan bien las fronteras regulatorias y promuevan la cooperación interinstitucional.
Para The CIU, uno de los grandes pendientes de la nueva ley de telecom en México es la actualización de la figura del Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEPT). Piedras propuso incorporar variables como ingresos y márgenes de utilidad.
“Hoy el operador preponderante tiene 55% de líneas, pero 70% de los ingresos y más del 80% de los márgenes. Tiene una capacidad de inversión inmensa, la cual no ejerce”, enfatizó. Además, añadió que tampoco se sabe si se mantendrá una política activa de fomento a la competencia efectiva en un mercado aún altamente concentrado.
OMVs: de actores periféricos a pieza clave
Uno de los sectores que más podría verse afectado es el de los Operadores Móviles Virtuales (OMVs), de acuerdo con Piedras. El experto citó a empresas como Bait y OxxoCel, que han consolidado una base considerable de usuarios, mencionando que juntas podrían representar hasta 40 millones de líneas móviles de un total nacional de 153,3 millones, es decir, cerca de un tercio del mercado mexicano.
Señaló que este segmento ha sido el motor del crecimiento del sector móvil en los últimos tres años, lo cual impacta directamente en todo el ecosistema de telecomunicaciones. “Ya no son marginales, son actores clave que fomentan competencia en precios, nichos y servicios diferenciados”, apuntó.
No obstante, Bautista alertó que los OMVs —también referidos como comercializadoras— enfrentan ahora dos grandes desafíos: por un lado, competir en un mercado donde el Estado se convierte en jugador directo; por otro, cumplir con nuevas obligaciones administrativas como el registro obligatorio de usuarios con CURP y la conservación de datos de comunicaciones.
Estas obligaciones representan costos operativos adicionales que podrían ser especialmente difíciles de absorber para comercializadoras pequeñas. “Esto podría ahogar a muchos OMVs antes de que puedan consolidarse”, expresó.
Bautista añadió que ahora estos jugadores también deberán competir contra el Estado, en condiciones que podrían ser desfavorables si no se definen reglas claras de interconexión, acceso mayorista y no discriminación “se corre el riesgo de alterar las reglas del juego en su contra”, dijo.
Nueva ley de telecom pone en riesgo neutralidad competitiva
Samuel Bautista, Coordinador de Investigación de The Competitive Intelligence Unit (CIU)
Uno de los elementos que más les preocupa es la figura del Estado como prestador de servicios mediante empresas como CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos. Aunque la nueva ley establece que el Estado podrá competir “en igualdad de condiciones”, ambos advierten que esto exige una estricta separación jurídica, presupuestal y operativa entre regulador y operador.
“Cuando el Estado regula y al mismo tiempo compite, se requiere una neutralidad competitiva inquebrantable. De lo contrario, se pone en riesgo el ecosistema completo, desde las inversiones hasta la innovación”, sostuvo Piedras.
Añadió que, de no garantizarse esa separación, se corre el riesgo de distorsionar el mercado, inhibir la entrada de nuevos jugadores y concentrar recursos públicos en un operador sin supervisión efectiva.
Bautista destacó que el artículo constitucional que prohíbe los monopolios estatales en telecomunicaciones genera una tensión que aún no ha sido resuelta: “Ese es un punto gris que puede volverse crítico si la participación de CFE Telecom no se somete a los mismos estándares regulatorios que el resto del mercado”.
Agregó que la experiencia histórica en México y en el mundo es que lo mejor es que los gobiernos se dediquen a ser gobiernos. A poner la arena para la participación en mercados, no a distorsionarlos. “Esa neutralidad competitiva tiene que quedar sellada con un broche que no se deba (ni pueda) violar”, puntualizó Bautista.
Además, subrayaron que se deberá observar la inversión efectiva en infraestructura, especialmente en zonas rurales, y el comportamiento de precios y calidad de servicio en un entorno donde el Estado funge como regulador y competidor.
Un escenario incierto
Desde la perspectiva de The CIU, la reforma no crea un entorno confiable ni predecible para estimular nuevas inversiones en infraestructura ni para el desarrollo de tecnologías emergentes.
Por otro lado, sobre la administración del espectro radioeléctrico —que ahora dependerá de la CRT—, Bautista indicó que la ley retoma mecanismos como los descuentos por cobertura en zonas marginadas, pero no establece con claridad sus parámetros técnicos ni operativos.
“El diablo está en los detalles. La ley secundaria dirá si estos incentivos realmente fomentan inversión o simplemente se usan de manera discrecional”, apuntó.
Al respecto, Piedras señaló que si bien se mantienen algunas prácticas, persiste el riesgo de intervención política: “El ejecutivo, a través de la comisión, va a poder tomar determinaciones administrativas. Ahí está completamente el incentivo, a diferencia del tipo de organismo que teníamos”.
Ambos señalaron que el nuevo marco legal no parece estar diseñado para impulsar de manera eficiente la expansión de redes 5G ni del acceso inalámbrico fijo (FWA), dos tecnologías clave para mejorar la cobertura en zonas rurales y suburbanas. Aunque reconocieron que la intención de llevar conectividad a zonas desconectadas es loable, advirtieron que la ley se queda corta para fomentar un despliegue tecnológico integral, al no contemplar los incentivos ni la certidumbre necesarios para inversiones sostenidas.
“México apenas llega a 3.6G. El país no está ni cerca de un despliegue significativo de 5G, y esta ley no lo corrige ni lo incentiva. Se perdió la oportunidad de establecer una política integral de conectividad avanzada”, lamentó Piedras.
La imagen principal fue creada por Mobile Time con IA.
