Diversas organizaciones del sector empresarial, tecnológico y social se han unido en la oposición al Proyecto del Senado 615, aprobado recientemente por la Legislatura de Puerto Rico. La medida, que propone ampliar la definición de “Canales de Voz” para incluir los teléfonos celulares, implicaría la imposición de un nuevo impuesto sobre más de cuatro millones de líneas móviles activas, lo que podría encarecer los servicios de telecomunicaciones en la isla.
Los sectores agrupados en torno a la Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones (APT) advierten que el proyecto afectaría directamente el bolsillo de los consumidores, limitaría el acceso universal a servicios esenciales como el Internet y obstaculizaría el desarrollo económico. También señalan que la medida ampliaría la brecha digital y pondría en riesgo la competitividad de Puerto Rico como destino de inversión tecnológica y empresarial.
Riesgos sociales y económicos
Desde el ámbito económico, las organizaciones resaltan que el costo de hacer negocios en Puerto Rico ya enfrenta múltiples desafíos estructurales, y que nuevos impuestos sobre servicios básicos como las telecomunicaciones podrían frenar el crecimiento y la creación de empleo. Se destaca además que sectores como el comercio, la industria y el ecosistema tecnológico dependen de tarifas competitivas para operar con eficiencia y atraer inversión.
En el plano social, se advierte que encarecer el acceso a internet impacta negativamente en la educación, la salud, el empleo y la participación ciudadana, especialmente en comunidades vulnerables. También se cuestiona que la propuesta sea técnicamente obsoleta, jurídicamente ambigua y que contradiga principios internacionales de conectividad universal, así como compromisos asumidos tanto a nivel local como federal.
Vetar el proyecto
Las organizaciones también critican el hecho de que el PS 615 se haya aprobado sin consultas ni vistas públicas, lo cual consideran una falta de transparencia en la discusión de una medida con implicaciones tan amplias.
Ante este panorama, diversos gremios han solicitado a la Gobernadora que ejerza su facultad constitucional para vetar el proyecto y abrir un espacio de diálogo técnico y participativo. Consideran que cualquier cambio en el marco contributivo del sector debe ser producto de un análisis riguroso y de un consenso entre actores clave, para garantizar el equilibrio entre desarrollo económico, equidad digital y sostenibilidad fiscal.
