El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), operador de la marca kölbi, publicó esta semana una nueva licitación para la implementación de su red 5G, apostando esta vez por una arquitectura abierta basada en tecnología Open RAN.
Con un presupuesto estimado en USD $249,3 millones, según su registro ante el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), el proceso representa un cambio frente a su intento anterior, tanto en enfoque tecnológico como en magnitud presupuestaria. La licitación fallida de 2023, fue declarada desierta en mayo pasado y valuada en aproximadamente la mitad del monto actual.
Esta nueva convocatoria incluye explícitamente requerimientos técnicos alineados con los estándares definidos por la O-RAN Alliance, lo que marca una adopción formal del modelo Open RAN para el despliegue de redes móviles en el país.
Llegada de Open RAN
Open RAN, que aún está en fase de consolidación a nivel global, permite la interoperabilidad entre componentes de distintos fabricantes, rompiendo con el modelo tradicional de redes cerradas provistas por un único proveedor.
Aunque esta arquitectura ha despertado interés por su potencial de reducir costos y fomentar la competencia, su adopción en Latinoamérica sigue siendo limitada, en parte por los desafíos técnicos que conlleva su integración y operación.
La decisión del ICE se inscribe en una estrategia que busca no solo activar su red 5G, sino fortalecer su infraestructura 4G como parte de un proceso de transición tecnológica más amplio. El nuevo proyecto contempla la adquisición de estaciones base, módulos de radio, antenas, software y otros componentes necesarios para la red de acceso inalámbrico, junto con la incorporación progresiva de soluciones de conectividad internacional como el nuevo cable submarino TAM-1.
Restricciones legales
El viraje hacia Open RAN ocurre en un contexto de tensiones regulatorias y restricciones legales. Según medios locales, la licitación anterior, abierta en 2023, se vio afectada por un decreto gubernamental que excluyó a proveedores de países que no han ratificado el Convenio de Budapest, cuyo objetivo es armonizar las legislaciones penales de los países firmantes en materia de delitos informáticos.
Uno de los países afectados fue China, y esto impidió la participación de Huawei, proveedor históricamente relevante para el ICE, y derivó en un proceso judicial que mantuvo congelado el proyecto durante más de un año.
Este nuevo concurso incluye cláusulas de confidencialidad amparadas en la legislación costarricense, con el fin de resguardar información técnica y estratégica considerada sensible. Además, amplía el alcance técnico al contemplar tanto la implementación de 5G como la modernización de infraestructura 4G.
En contraste con la apuesta del ICE, Liberty, principal competidor en el mercado, optó recientemente por un enfoque más conservador. Con una inversión cercana a los USD $100 millones el operador busca implementar 5G en modalidad standalone (SA) con una arquitectura tradicional provista por un único fabricante global.
La elección de Open RAN por parte del operador estatal posiciona a Costa Rica como un caso de estudio regional en la adopción de tecnologías abiertas en redes móviles.
