El Senado de la República Mexicana y la Cámara de Diputados aprobaron recientemente la nueva ley de telecomunicaciones, que reemplazará al marco legal vigente desde 2014 y que, entre otras implicaciones, da paso a la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que actualmente funciona como regulador del sector, para establecer una nueva estructura.
Esta reforma, que aún debe ser ratificada por la Cámara de Diputados, ha generado un amplio debate en torno a sus alcances, los riesgos de politización y su impacto en temas como la competencia, la regulación del espectro y el T-MEC.
Mobile Time Latinoamérica conversó con Jorge Bravo, profesor de la UNAM y presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), acerca de su lectura de la ley respecto a estos cambios.
Desaparición del IFT es un retroceso
Con esta ley se consuma la desaparición del IFT, órgano autónomo creado por reforma constitucional en 2013, considerado en su momento un regulador de quinta generación por su independencia técnica y su rol como autoridad en telecomunicaciones y competencia económica en el sector. En su lugar se crea la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), un órgano desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).
Aunque contará con cinco comisionados y ciertas garantías de autonomía técnica, Bravo advirtió que este modelo implica un retroceso a esquemas previos como el de la extinta Cofetel, pues su independencia está limitada al permanecer bajo el mando del Ejecutivo federal.
En ese sentido, añadió que la eliminación del IFT responde a razones políticas, más que técnicas. “Nunca les gustó el regulador autónomo, siempre lo vieron como un enemigo”, señaló.
Si bien se reconoce que es un avance respecto a la propuesta inicial —que centralizaba todo el poder regulatorio en una sola agencia gubernamental—, el nuevo órgano no cuenta con autonomía técnica y operativa en ciertos temas clave, como el otorgamiento y revocación de concesiones, el diseño de lineamientos regulatorios y la supervisión del espectro radioeléctrico, lo que incrementa el riesgo de captura política.
T-MEC y riesgos de judicialización
Jorge Bravo, presidente de la Amedi. (Foto: Cortesía)
Una de las principales dudas es la compatibilidad del nuevo marco con el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El tratado exige que el regulador sea independiente y que no exista conflicto de interés entre el Estado como operador y regulador.
Aunque la CRT cumple parcialmente con este requisito, Bravo advierte que persiste un riesgo de favoritismo hacia operadores estatales como la CFE o Altán Redes.
La ley también establece principios de igualdad de condiciones, pero en la práctica será difícil evitar ventajas indebidas si no se crean estructuras jurídicas independientes para las operaciones comerciales.
“El operador público podría actuar como juez y parte en el mismo mercado”, advirtió.
Asimismo, anticipa un aumento en litigios por parte de los operadores, debido a la ambigüedad en la aplicación de medidas asimétricas, las nuevas definiciones de preponderancia y la implementación de trámites con nuevas autoridades que aún no existen. También si se considera que se rompe la neutralidad competitiva.
Neutralidad competitiva en riesgo
Otro cambio estructural es la separación de funciones regulatorias en telecomunicaciones y en competencia económica. La CRT tendrá a su cargo la regulación técnica del sector, pero la determinación de agentes preponderantes, medidas asimétricas y análisis de mercado recaerá en una nueva Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), aún por crearse.
Bravo advierte que esta fragmentación genera incertidumbre y posibles conflictos entre autoridades. Bajo el modelo actual del IFT, una sola entidad técnica evaluaba y resolvía asuntos tanto regulatorios como de competencia. En el nuevo esquema, los operadores podrían enfrentar criterios divergentes, procesos más complejos y mayores espacios para la influencia política
“Pasamos de un modelo de una sola ventanilla especializada a tres instituciones con posibles contradicciones entre sí”, señaló.
La ley también permite al Estado operar servicios de telecomunicaciones en condiciones similares a las de empresas privadas. Esto incluye a actores como Altán Redes —empresa en proceso de rescate con participación mayoritaria del gobierno— y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de su subsidiaria CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos.
Bravo considera que esta participación del Estado, sin reglas claras sobre separación funcional y presupuestaria, podría poner en riesgo la neutralidad competitiva del mercado. Aunque la ley establece principios de igualdad de condiciones, en la práctica será difícil evitar ventajas indebidas si no se crean estructuras jurídicas independientes para las operaciones comerciales.
“El operador público podría actuar como juez y parte en el mismo mercado”, advirtió.
Espectro como fuente de ingresos fiscales
Uno de los temas más críticos abordados por Jorge Bravo fue el uso que el Estado mexicano ha hecho del espectro radioeléctrico, al considerarlo principalmente una fuente de recaudación fiscal y no un insumo estratégico para la conectividad y el desarrollo digital.
El especialista explicó que, desde hace varios años, México ha establecido costos de espectro muy por encima de los estándares internacionales, lo cual ha desincentivado su uso productivo, afectando directamente la expansión de redes y el acceso en zonas rurales o marginadas, y se mantiene en la nueva ley de telecomunicaciones, sin modificar el enfoque que históricamente ha privilegiado la recaudación por encima de la conectividad.
Bravo explicó que, aunque el dictamen contempla incentivos como descuentos o exenciones para operadores que desplieguen redes en zonas marginadas, estos mecanismos siguen siendo excepcionales y no forman parte de una política estructural. «No hay una fórmula técnica en la ley que vincule el valor del espectro con criterios como cobertura o eficiencia. Se mantiene la lógica de maximizar ingresos fiscales», advirtió.
En la práctica, esto se traduce en barreras para nuevos entrantes, encarecimiento de servicios móviles y una expansión limitada de la infraestructura, especialmente en regiones donde el retorno comercial es bajo. La falta de reglas claras para un uso más flexible y orientado a objetivos sociales del espectro podría perpetuar la subutilización de este recurso estratégico en un país con amplias brechas de conectividad.
“En lugar de usar el espectro como palanca de inclusión, lo estamos rentando caro y subutilizando. Es una política regresiva que perpetúa la desigualdad digital”, declaró.
¿Una reforma histórica?
Bravo considera que la principal enseñanza de este proceso fue la capacidad de la sociedad civil, la academia y los especialistas para frenar una iniciativa regresiva y lograr un nuevo dictamen. “Dato mata ideología”, resumió.
En sus palabras, se trata de “la primera vez en la historia de la 4T que se modifica una iniciativa presidencial por medio del debate público y la evidencia”. No obstante, advierte que el verdadero impacto dependerá de la implementación de la ley, los nombramientos en la CRT y la redacción de la legislación secundaria.
“Si la CRT termina capturada políticamente, si los nombramientos no son técnicos, o si la regulación secundaria no es clara, todo lo ganado se puede perder”.
La imagen principal fue creada por Mobile Time con IA.
