La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México avaló la obligación de las empresas de telecomunicaciones de conservar durante dos años los datos asociados a las comunicaciones de sus usuarios. 

La decisión se da tras negar el amparo en revisión 193/2026  promovido por una particular contra las obligaciones de entrega y resguardo de datos de comunicaciones, bloqueo de señales y geolocalización en tiempo real, establecidas en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2025, al considerar que violan sus derechos a la privacidad y la protección de datos personales. 

Según el artículo 183, la ley obliga a los concesionarios de telecomunicaciones a conservar el nombre, denominación o razón social y el domicilio del suscriptor, así como el tipo de comunicación, los servicios utilizados y la fecha, hora y duración de cada comunicación. En telefonía móvil, el registro incluye el número de destino y la modalidad de la línea, ya sea de prepago o con contrato.

Además, las empresas deben guardar la fecha y hora de la primera activación del servicio, el identificador de la celda de la red desde la que se activó y la ubicación geográfica de las líneas telefónicas. Adicionalmente, se podrían conservar las características técnicas del dispositivo y los códigos internacionales que identifican al equipo y al suscriptor.

Seguridad Pública

La Corte reconoció que conservar estos registros incide en la privacidad y la protección de datos personales. Sin embargo, considera que la medida persigue fines de seguridad pública y de procuración de justicia y que es compatible con esos derechos porque ayuda a prevenir, investigar y detener delitos cometidos mediante servicios de telecomunicaciones.

En ese sentido, precisó que solo una autoridad judicial federal puede autorizar el acceso a los registros. Para obtenerla, se deberá identificar a las personas sobre las que se solicita información, especificar el periodo que abarca la petición y exponer su fundamento legal y las razones que la justifican. El tribunal también recordó que las empresas deben guardar y proteger los datos, y solo se pueden entregar a las autoridades expresamente facultadas para recibirlos.

Quien promovió el amparo sostuvo que el resguardo podía llevar a las personas a autocensurarse o a limitar sus relaciones por temor a una vigilancia permanente. Al respecto, la Corte consideró que, en ese caso particular, no se aportaron elementos objetivos que demostraran este efecto sobre las libertades de expresión y asociación del demandante.

Geolocalización en tiempo real 

La geolocalización en tiempo real fue otro punto impugnado en el amparo, quien la promovió sostuvo que permitir a las autoridades solicitar la ubicación de un equipo móvil sin autorización judicial previa vulneraba la privacidad, la protección de datos personales y el debido proceso.

Esta inquietud surgió desde la presentación de la iniciativa, cuando analistas y opositores advirtieron que la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) podía reducir los contrapesos y facilitar un uso discrecional de la medida. 

La Suprema Corte desestimó el reclamo y explicó que la medida permite conocer la ubicación aproximada de un dispositivo asociado a una línea y vinculado con una investigación específica, en el momento en que se realiza la búsqueda, su alcance se limita a ubicar el equipo y excluye el acceso al contenido de las comunicaciones y a los registros de conversaciones. 

En ese sentido, ubicar un equipo en un momento determinado no supone privar de forma definitiva de un derecho a quien lo posee. Además, es obligación de los concesionarios y autorizados colaborar con las autoridades de seguridad y justicia en la geolocalización en tiempo real.

Bloqueo de líneas y señales móviles

En materia de libertad de expresión y acceso a la información, el amparo señala que el artículo 183 vulnera este derecho al permitir que las autoridades bloqueen señales de telecomunicaciones durante emergencias públicas sin una orden judicial. Sin embargo, la  Suprema Corte reconoce que la ley solo prevé el bloqueo de líneas o señales en casos específicos.

En el caso general para interrumpir las comunicaciones durante emergencias, la corte recordó que en esos casos solo es permitido cuando un titular reporte su línea móvil como robada o extraviada y cuando la autoridad competente dé la instrucción con el objetivo de detener la comisión de un delito  Adicionalmente, el artículo obliga a cancelar de forma permanente las señales de radiocomunicación y de transmisión de datos o imágenes dentro del perímetro de centros penitenciarios y de internamiento para menores.

 

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