El Gobierno argentinp estableció nuevos requisitos de ciberseguridad para los equipos destinados a infraestructuras críticas de telecomunicaciones, una decisión abre el debate sobre las posibles modificaciones que se haría a las condiciones de participación de fabricantes chinos como Huawei, ZTE, Hikvision, Dahua, Hytera y DJI en el mercado tecnológico del país.
La medida quedó establecida mediante la Disposición 7/2026 del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), publicada el 6 de noviembre de 2026, que aprobó los Requisitos Técnicos de Seguridad de la Cadena de Suministro para Equipamiento Destinado a Infraestructuras Críticas de Telecomunicaciones.
Aunque la disposición no prohíbe expresamente la participación de empresas chinas ni establece obligaciones directas para todas las compañías privadas, introduce nuevas exigencias para las adquisiciones, contrataciones, instalaciones y operaciones de equipamiento destinado a infraestructuras críticas bajo responsabilidad del Sector Público Nacional.
El posible impacto sobre los fabricantes chinos dependerá de cómo se implementen los requisitos y de si el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) decide extenderlos a los procedimientos de homologación de equipos y a las obligaciones de los operadores de telecomunicaciones.
Un estándar estadounidense en el centro de la discusión
Uno de los puntos centrales de la disposición es la referencia a la norma SCS 9001, desarrollada por la Telecommunications Industry Association (TIA), de Estados Unidos. Se trata de un sistema de gestión de seguridad de la cadena de suministro para empresas del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones.
El esquema evalúa los procesos de fabricantes y proveedores a lo largo de la cadena de suministro, aunque no certifica por sí mismo la seguridad técnica de los equipos.
La incorporación de este estándar generó preocupación entre las entidades representativas de la industria TIC argentina, que a tráves de la Asociación Argentina TIC, Video y Conectividad (ATVC) solicitaron a las autoridades abrir una instancia de diálogo y consulta pública antes de avanzar con nuevas obligaciones.
El sector manifestó que comparte el objetivo de fortalecer la seguridad y resiliencia de las redes, consideradas infraestructuras estratégicas para el desarrollo del país. Sin embargo, advirtió sobre el impacto que podría tener la aplicación de las nuevas exigencias a los prestadores de servicios de telecomunicaciones.
La organización cuestiona que las nuevas exigencias puedan quedar condicionadas a un único esquema privado de certificación, como SCS 9001, que evalúa los procesos de gestión de seguridad de la cadena de suministro, pero no la seguridad técnica de un producto determinado.
“La protección efectiva de las redes requiere mecanismos complementarios de evaluación y la posibilidad de acreditar el cumplimiento mediante diferentes estándares internacionales reconocidos”, puntualizan en el comunicado enviado al Gobierno.
Por ello, las entidades solicitaron que cualquier nueva obligación se sustente en criterios técnicos objetivos, respete el principio de neutralidad tecnológica y establezca condiciones razonables de implementación.
La disputa por los proveedores tecnológicos
El artículo 9 de la Disposición 7/2026 introduce uno de los elementos de mayor relevancia para el mercado de telecomunicaciones: encomienda al Enacom evaluar la incorporación de estos requisitos a los procedimientos de homologación de materiales y a las obligaciones de los licenciatarios de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones.
Si el organismo avanza en esa dirección, las exigencias podrían trascender las adquisiciones del Estado y alcanzar a otros actores del ecosistema de telecomunicaciones.
Sin embargo, por ahora, la disposición no establece una exclusión automática de Huawei, ZTE u otros fabricantes del mercado privado. Cualquier extensión de las obligaciones deberá ser evaluada y formalizada por Enacom dentro de sus competencias regulatorias.
La decisión se enmarca en un acuerdo de cooperación bilateral entre Argentina y Estados Unidos por 15 millones de dólares, destinado al reemplazo de equipamiento chino en redes gubernamentales y a la creación de un centro de operaciones de ciberseguridad.
Por eso, la discusión no se limita a los requisitos técnicos que deberán cumplir los equipos, sino que involucra las condiciones de acceso de los fabricantes internacionales a los proyectos de infraestructura tecnológica del país.
