Especialistas, funcionarios y legisladores coincidieron en que la discusión sobre regulación de IA en México no debería limitarse a crear una ley específica para esta tecnología, sino definir qué se busca proteger y cómo aprovechar sus beneficios.
Durante el panel “Legislación para una civilización digital: Ciencia, tecnología e innovación”, realizado en el México Digital Summit 2026, los participantes plantearon que el país necesita una hoja de ruta de largo plazo para la IA, instituciones capaces de acompañar una tecnología que cambia rápidamente y reglas suficientemente flexibles para no quedar obsoletas.
Mariela Saldívar, titular de la Oficina Ejecutiva del Gobierno de Nuevo León, considera que hablar únicamente de una ley de inteligencia artificial “se queda corta”, debido a que la transformación tecnológica involucra distintos ámbitos y requiere una estrategia que pueda desplegarse desde varias leyes.
Por eso, en principio, México debe definir qué papel quiere jugar en la revolución digital y no limitarse a reaccionar ante los riesgos que presenta la tecnología. En la discusión debe incluirse aspectos como infraestructura, agua, electricidad, minerales, capacidades institucionales y formación de talento.
En materia de capacidades, Saldívar advirtió sobre el reto de formar los perfiles que requerirá esta transformación tecnológica, y señaló que México necesita más personas con estudios de posgrado mientras enfrenta dificultades en áreas como matemáticas, lectura, razonamiento y capacidades cognitivas.
Por su parte, Julio Téllez, investigador nacional nivel III de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), se pronunció a favor de regular la inteligencia artificial, y planteó que el centro de esa regulación debe ser la autonomía de las personas.
El investigador propuso el concepto de “soberanía cognitiva”, con el que busca garantizar que los seres humanos mantengan la capacidad de tomar decisiones y que las máquinas no se coloquen por encima de esa autonomía.
Téllez planteó que este principio sea incorporado a la Constitución desde el artículo 1, una propuesta que presentó en mayo ante un grupo parlamentario de la Cámara de Diputados y a dos entidades federativas.
Además, sostuvo que una regulación efectiva requiere tanto de una buena ley como de una autoridad capaz de hacerla cumplir, pues una norma sin capacidad de aplicación no resolvería los riesgos asociados con el desarrollo de la tecnología.
Rol del sector público
Desde la administración pública, Eber Betanzos, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), afirmó que México “está a destiempo” en la discusión regulatoria, un rol que le corresponde al Estado a la hora de establecer las reglas que garanticen los derechos de las personas. Betanzos advirtió que existe un reto de conocimiento: «quienes diseñan las políticas públicas deben entender suficientemente la tecnología para poder regularla».
De ahí que la discusión deba partir de los principios constitucionales y abarcar asuntos como soberanía de datos, ciberseguridad, seguridad nacional, modelo económico, empleo e impuestos relacionados con el uso y desarrollo de la inteligencia artificial.
En tanto, Alfredo Deluque, senador de la República de Colombia, se mostró más cauteloso respecto al momento y alcance de la regulación. El senador habló del caso colombiano que hace cuatro años decidió no regular la IA, pese a que existían alrededor de 15 proyectos de ley sobre el tema.
Para el legislador, la pregunta no es únicamente si se debe regular, sino qué se debe regular y con qué objetivos, ya que las prioridades pueden variar entre países. En el caso de Colombia, para el senador las reglas deberían procurar que la IA contribuya a cerrar brechas sociales y de pobreza.
Frente al avance constante de la tecnología, independientemente de las decisiones regulatorias, Deluque planteó la posibilidad de utilizar mecanismos de autorregulación desarrollados por las propias empresas tecnológicas.
México prepara propuesta de regulación de IA
La legislación para regular la IA en México ya está cerca, así lo anunció Rolando Zapata, presidente de la Comisión de Inteligencia Artificial del Senado de la República, quien adelantó que el pleno prepara una propuesta de ley.
Para el funcionario es importante contar primero con una ruta nacional, por lo que antes de establecer una regulación debe existir una estrategia o plan nacional de IA con un horizonte de al menos cinco o diez años.
En ese sentido, la propuesta que se trabaja en el Senado contempla una norma general para el fomento y uso de la inteligencia artificial, acompañada de un esquema de gobernanza en el que participen distintos actores, al considerar que la IA es un fenómeno “multiactor”.
El legislador planteó que esta regulación debería representar un cambio respecto de la forma tradicional de legislar. En lugar de centrarse únicamente en prohibiciones, las normas deberán orientar y fomentar el uso de la IA, de manera que sectores como las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) no queden rezagados.
Para evitar que la legislación quede obsoleta ante la velocidad del desarrollo tecnológico, Zapata propone que la norma sea flexible y que exista un consejo consultivo capaz de acompañar sus modificaciones conforme cambie la tecnología.
Como ejemplo, señaló que hace un año todavía no se hablaba de IA agéntica con la misma relevancia que actualmente. “No podemos gobernar tecnología dinámica con instituciones estáticas”, planteó Zapata, donde el desafío no es solamente el poder de la IA, sino la velocidad con la que evoluciona.
El senador señaló que la regulación deberá apoyarse en valores éticos, filosóficos y deontológicos, tanto por parte de las autoridades como de los demás actores que intervienen en el desarrollo y uso de la tecnología.
Finalmente, Zapata advirtió que, si el Estado mexicano no actúa frente al avance de la IA, podría ampliarse la brecha social entre quienes tengan acceso a herramientas capaces de expandir sus capacidades y quienes no.
