La Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) presentó un análisis sobre la subasta 5G de Guatemala realizada en 2023 mediante la que se asignaron bloques de la banda de 700 MHz. La adjudicación de los seis bloques de 10 MHz en esa banda está bajo revisión por cuestionamientos relacionados con el precio del espectro  y las condiciones de competencia. 

El documento fue presentado ante el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), con el objetivo de aportar evidencia y referencias internacionales al debate público sobre el proceso.

Para elaborar el análisis, ASIET detalló que se basó en informes de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así como en estudios de consultoras especializadas en valoración de espectro y experiencias de reguladores de la región.

Costos del espectro van más allá de la retribución económica

La ASIET plantea en su análisis que el valor del espectro debe evaluarse también por su impacto en la cobertura, la inversión y la conectividad y no únicamente como un recurso para generar ingresos al Estado. Bajo este enfoque, señaló que el precio obtenido en la subasta 5G se encuentra en línea con referencias internacionales y con la evolución de los mercados de espectro.

El organismo explicó que la licitación 5G de 2023 terminó con la adjudicación de todo el espectro disponible a operadores que ya tenían presencia en el país. Además, las ofertas superaron el precio base establecido en las condiciones de la subasta. Para ASIET, estos resultados permiten tomar el proceso como una referencia del valor de mercado de las frecuencias en ese momento.

El análisis también menciona una tendencia internacional hacia menores precios del espectro, especialmente en bandas bajas ahora que se busca la transición hacia redes 5G. ASIET destacó las características de la banda de 700 MHz para ampliar la cobertura móvil, particularmente en zonas rurales y de difícil acceso, ya que su utilización puede contribuir a mejorar el acceso a internet y al cierre de la brecha digital en Guatemala.

Como referencias, el documento menciona que los casos de Chile, México y Brasil, permiten observar tanto los beneficios de establecer condiciones que favorezcan la expansión de las redes como los riesgos de fijar obligaciones económicas que no correspondan con las condiciones del mercado.

ASIET pide certeza regulatoria

Otro de los puntos abordados por el análisis es el impacto que tendría una eventual reversión de la asignación realizada en 2023.

Según ASIET, una medida de este tipo podría afectar a los usuarios mediante cambios en las condiciones de prestación del servicio y en la cobertura que permite la banda. También podría ralentizar nuevas inversiones en infraestructura y generar mayor incertidumbre para los inversionistas.

La asociación considera que la estabilidad de las reglas es un factor necesario para mantener las inversiones en infraestructura digital y avanzar en la expansión de la conectividad en Guatemala, por lo que advirtió que una mayor incertidumbre regulatoria podría frenar las inversiones y el desarrollo digital, con posibles efectos sobre el crecimiento productivo.

Finalmente, la ASIET sostuvo que la subasta 5G de Guatemala fue un proceso competitivo, público y transparente, y que los beneficios económicos y sociales asociados con la asignación pueden ser identificados, y señaló que continuará participando en el debate sobre las políticas de espectro en el país mediante estudios técnicos y referencias de otros mercados.

 

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