El Gobierno de México presentó esta semana el Plan Nacional de Conectividad 2026-2030 , una estrategia de largo plazo que busca garantizar el acceso universal, asequible y de calidad a internet en todo el país, con énfasis en poblaciones vulnerables y regiones con rezago.
El programa, liderado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), plantea llevar la cobertura nacional del 94% actual al 98% en 2030, mediante la expansión de infraestructura terrestre y satelital, así como el fortalecimiento de políticas públicas orientadas a la inclusión digital.
El Gobierno subrayó que el plan busca consolidarse como una política de Estado sostenible, más allá de ciclos sexenales, y avanzar hacia una conectividad “universal, significativa y territorialmente equilibrada”.
Actualmente, alrededor de 13 millones de personas en México aún carecen de acceso pleno a servicios de telecomunicaciones, una brecha que el Plan de Conectividad pretende reducir de forma progresiva en los próximos años.
Dos programas clave
Para enfrentar este desafío, el Plan Nacional de Conectividad se implementará a través de dos programas principales:
- Programa de Cobertura Social (PCS): enfocado en ampliar la infraestructura y cobertura en áreas prioritarias, con el objetivo de beneficiar a más de 6,4 millones de personas en más de 91.000 localidades.
- Programa de Conectividad en Sitios Públicos y Áreas de Atención Prioritaria: orientado a garantizar acceso gratuito o asequible en espacios como escuelas, centros de salud y comunidades.
Ambos programas buscan no solo expandir la cobertura, sino también asegurar condiciones de acceso efectivo, incluyendo tarifas sociales y conectividad en espacios públicos.
Estrategia y metas a 2026
El plan se apoya en cinco ejes estratégicos, entre ellos la priorización de zonas con mayor rezago, la eliminación de barreras regulatorias, el impulso a tecnologías como 5G y soluciones satelitales, y la promoción de alfabetización digital.
Entre las metas a corto plazo, para 2026 se contempla beneficiar a más de 1,4 millones de personas mediante acciones como: incentivos para el uso eficiente del espectro radioeléctrico, impulso a pequeños operadores, expansión de infraestructura social y ampliación de cobertura satelital en zonas de difícil acceso.
Por lo que el plan contempla un modelo de gobernanza colaborativa que involucra a entidades como la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), la CFE, PROMTEL, operadores comerciales y gobiernos locales.
Además, el país continuará participando en iniciativas internacionales junto a organismos como la UIT, la OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el objetivo de fortalecer sus políticas digitales.
Cuestionamientos al enfoque
José Felipe Otero, experto y director general en la firma ICT Development Consulting, advierte que el plan presenta vacíos en su diseño. En su concepto, la política acierta al reconocer que la conectividad es un problema multidimensional —que incluye cobertura, calidad del servicio, asequibilidad, acceso a dispositivos y brechas sociales—, pero no logra traducir esa complejidad en soluciones integrales.
“El enfoque sigue concentrado principalmente en la expansión de infraestructura, lo que genera una desconexión entre el diagnóstico y las intervenciones propuestas”, señala.
El analista también cuestiona el alcance de la estrategia gubernamental, al considerar que el acceso a internet no se limita a la disponibilidad de redes. “Todo el territorio mexicano ya tiene acceso a internet vía satélite, pero el problema de conectividad persiste. La clave está en el valor del uso, la asequibilidad y la educación digital”, advierte.
Otro de los puntos críticos es la falta de definiciones claras sobre cómo se integrarán factores como el costo del servicio, la disponibilidad de dispositivos o las capacidades digitales de la población dentro de la estrategia.
Según Otero, esto dificulta la coordinación entre actores y limita la posibilidad de diseñar políticas diferenciadas según las necesidades de cada región.
Además, considera poco realistas algunas metas de corto plazo. “Con los tiempos actuales, es altamente improbable cumplir los objetivos de 2026, especialmente cuando procesos clave como licitaciones de espectro o despliegue de infraestructura podrían definirse hasta mediados de año”, explica.
A esto se suma la ausencia de un esquema claro de financiamiento sostenible. Sin un presupuesto multianual definido y mecanismos que aseguren la viabilidad de los proyectos en zonas de alta pobreza, existe el riesgo de que los avances se limiten a la cobertura inicial sin generar impacto duradero.
