El Gobierno de México dio a conocer la Declaración de ética y buenas prácticas para el uso y desarrollo de la IA, un documento que busca orientar las decisiones de política pública relacionadas con esta tecnología.
La iniciativa fue presentada de manera conjunta por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) durante el Foro “La inteligencia artificial en la vida pública de México”.
La Declaración funciona como una hoja de ruta para impulsar una innovación responsable, capaz de contribuir al bienestar social sin comprometer los derechos fundamentales.
El documento se sustenta en los denominados Principios de Chapultepec, elaborados por ambas dependencias, y coloca en el centro conceptos como la participación ciudadana, la transparencia, la generación de valor público y la soberanía tecnológica.
Entre sus ejes principales destaca que la IA debe ampliar derechos y reducir desigualdades, especialmente cuando se aplica en ámbitos gubernamentales y de prestación de servicios esenciales.
Además, la Declaración establece diez principios fundamentales, entre ellos la obligación de que toda decisión apoyada por IA tenga responsables humanos, la necesidad de explicar los procesos automatizados, el respeto a la diversidad cultural y lingüística del país, y el reconocimiento de los datos como un bien público que debe protegerse con responsabilidad.
10 principios fundamentales de la Declaración:
- La IA debe ampliar derechos, nunca reducirlos.
- Toda decisión apoyada por IA, debe tener responsables humanos, sustentada en marcos institucionales claros.
- Si una decisión no puede explicarse, no debe automatizarse.
- La IA se gobierna mejor cuando se decide en colectivo.
- La IA sólo es valiosa si genera bienestar para las personas.
- Antes de automatizar, hay que comprender a quién y qué afecta.
- La tecnología estratégica debe responder a las necesidades del país.
- El desarrollo de la IA requiere fortalecer la educación y el conocimiento en el país.
- La IA no puede ser ajena a la diversidad cultural y lingüística del país.
- Los datos son un bien público que deben cuidarse con responsabilidad.
Aunque el documento no es vinculante, está dirigido a instituciones públicas, organismos autónomos y actores del sector privado y social, con el objetivo de que adopten voluntariamente prácticas que garanticen un uso ético de la IA, con rendición de cuentas y enfoque de derechos humanos.
