La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) alertó sobre una serie de decisiones regulatorias e institucionales que estarían poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera y técnica del sector telecomunicaciones en Perú, con impactos directos en la expansión del internet y en la implementación de la tecnología 5G en el país.
Según el gremio, algunas medidas recientes buscan trasladar al sector privado responsabilidades que corresponden al Estado, particularmente en materia de seguridad ciudadana.
Entre ellas, se encuentra la exigencia de bloquear señales de telecomunicaciones (incluido el Wi-Fi) en establecimientos penitenciarios, pese a que solo el 40% de los penales y centros juveniles cuenta actualmente con sistemas de bloqueo, lo que, a juicio de AFIN, evidencia un problema de gestión pública que no se resolverá imponiendo nuevas obligaciones técnicas a las empresas.
Finanzas del sector de telecomunicaciones
AFIN también advirtió sobre una “hiperinflación sancionatoria” en el sector telecomunicaciones, una problemática que se arrastra desde hace varios años sin una solución estructural.
En ese contexto, la entidad cuestiona la intención de exigir cartas fianza como condición para que las empresas puedan recurrir al Poder Judicial, una medida que limitaría el derecho de defensa y agravaría la presión financiera sobre los operadores. De acuerdo con el gremio, al cierre de 2024 las sanciones ya representaban más del 11% de las inversiones del sector.
Esta exigencia se suma a un esquema de multas que se ha quintuplicado en los últimos años, lo que podría comprometer la viabilidad financiera de las empresas sin que ello contribuya a mejorar la seguridad ciudadana ni a reducir la brecha digital.
AFIN sostiene que este entorno desincentiva nuevas inversiones, especialmente las necesarias para desplegar infraestructura en zonas rurales y de difícil acceso.
Inestabilidad del sector
A este escenario se agrega la inestabilidad institucional en entidades clave del sector. Según denuncia la entidad, en el último año, el Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) ha tenido tres directores ejecutivos, mientras que la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, bajo su operación, presenta múltiples fallas que afectan la calidad de los servicios ofrecidos por los operadores.
Sumado a que las redes regionales enfrentan problemas de sostenibilidad debido a retrasos en la recepción de infraestructura y en los pagos a las empresas operadoras.
Otra de las quejas son los múltiples cambios en cargos técnicos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en pleno proceso de ejecución de las obligaciones de cobertura de los contratos 5G, y a solo seis meses de un cambio de gobierno, lo que incrementa la incertidumbre para el sector.
Desde AFIN, señalaron que esta combinación de decisiones arbitrarias, debilidad institucional, sobrerregulación y traslado indebido de responsabilidades del Estado al sector privado está afectando seriamente la sostenibilidad de la industria de telecomunicaciones y retrasando una política pública clave para el desarrollo del país.
“El 5G y la conectividad a internet no son un lujo tecnológico, sino una herramienta fundamental para la productividad, la seguridad, la educación y la inclusión”, subrayó el gremio a través de un comunicado, advirtiendo que sin reglas claras, estabilidad institucional y respeto al derecho de defensa, se posterga el derecho de millones de peruanos a estar conectados.
