Desde el 6 de enero de 2026 rige en Chile un nuevo reglamento para la operación de las telecomunicaciones en situaciones de emergencia, normativa que eleva los estándares de protección de la infraestructura crítica, amplía las horas de respaldo energético y, por primera vez, incorpora los ciberataques como emergencias graves que requieren defensa activa.
La actualización fue impulsada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) y moderniza el Decreto 60, creado tras el terremoto de 2010. A diferencia de la norma anterior, enfocada principalmente en los servicios de voz, el nuevo reglamento reconoce el rol central de los datos móviles y de la conectividad digital en la vida cotidiana y en la gestión de crisis.
Entre los principales cambios se encuentra el aumento del respaldo energético para la infraestructura crítica de telecomunicaciones. Las exigencias pasan de cuatro a seis horas para las redes de Nivel 2, con el objetivo de garantizar la continuidad de servicios en zonas pobladas durante interrupciones del suministro eléctrico. Asimismo, se refuerza el resguardo de data centers y redes de fibra óptica para evitar impactos de alcance nacional.
La normativa también otorga mayores facultades a los operadores para gestionar el tráfico de red durante emergencias, permitiéndoles limitar el uso de datos con el fin de priorizar comunicaciones esenciales. A esto se suma la obligación de diversificar la infraestructura principal y de respaldo, evitando que ambos sistemas compartan el mismo trazado físico y reduciendo así los riesgos de fallas simultáneas.
Tiempos de respuesta
Otro de los puntos clave es la exigencia de duplicar los servidores centrales en edificios distintos y físicamente separados, con el propósito de eliminar “puntos únicos de falla”. Además, se crea el Nivel 3 de Infraestructura Crítica, reservado exclusivamente para redes de emergencia utilizadas por entidades como Senapred, Bomberos, Carabineros y los servicios de salud.
En materia de tiempos de respuesta, el reglamento reduce de dos horas a un máximo de 30 minutos el plazo para informar a la autoridad sobre fallas graves, y a 45 minutos en el caso de fallas medias. También se introducen nuevas categorías de criticidad —alta, media y baja— para minimizar los porcentajes de afectación.
Uno de los cambios más relevantes es la incorporación de los ciberataques dentro del marco de emergencias graves, obligando a las empresas a contar con mecanismos de defensa activa.
La implementación de las nuevas medidas contempla plazos graduales, debido a las obras de ingeniería que requieren. En caso de incumplimiento, las empresas de telecomunicaciones se exponen a multas y sanciones conforme a lo establecido en la Ley General de Telecomunicaciones.
