El Gobierno argentino presentó un proyecto de reforma laboral que incorpora por primera vez un marco legal específico para el trabajo en plataformas digitales como Rappi, Pedidos Ya y Mercado Libre, con un esquema centrado en la “independencia” de los repartidores. La iniciativa generó reacción del sector sindical, que advierte sobre condiciones precarias e “inseguridad laboral” en el modelo propuesto.
La propuesta, impulsada por el presidente Javier Milei, crea la figura del “repartidor independiente de plataformas”, un prestador de servicios cuya relación con la empresa se define como estrictamente comercial y no laboral. El objetivo, según el texto, es “promover el desarrollo de la economía de plataformas tecnológicas en el país, asegurando la independencia de los repartidores”.
En paralelo al avance del proyecto, la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASiMM) se reunió con los triunviros de la Confederación General del Trabajo (CGT), Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, para plantear su rechazo a la reforma y advertir sobre “la crisis de los trabajadores de plataformas”.
Un nuevo marco legal
El proyecto establece un capítulo propio denominado “Servicios personales de transporte, reparto y mensajería utilizando plataformas tecnológicas”, que introduce definiciones y clasificaciones específicas para la actividad ya sea: Mensajería urbana o repartidor independiente.
El Gobierno destaca que el sistema se basa en la libertad de conexión y contratación. Los repartidores podrán elegir días y horarios, aceptar o rechazar pedidos sin justificación, determinar su ruta y desconectarse en cualquier momento sin aviso previo. El registro en una app “no implicará obligación de conexión”, aclara el proyecto.
Obligaciones de Plataformas y repartidores
Por su parte, las obligaciones para plataformas y repartidores están: brindar información clara para que el repartidor acepte o rechace pedidos. Respetar la libertad de conexión. Ofrecer capacitaciones en seguridad vial. Establecer canales digitales de quejas y mecanismos de atención humana y facilitar elementos de protección según el vehículo.
En ese proceso, los repartidores tendrán que ser titulares de la cuenta de usuario.Estar inscriptos ante la AFIP y cumplir obligaciones impositivas y de seguridad social. Contar con una cuenta bancaria o billetera digital. Respetar normas de tránsito y condiciones de uso de la plataforma.
La remuneración será pactada entre repartidor y usuario, con transferencia directa a través de la aplicación. Las plataformas deberán garantizar que el trabajador reciba el 100% de las propinas.
El proyecto prevé que los repartidores cuenten con un seguro de accidentes personales, que cubrirá fallecimiento, incapacidad, gastos médicos y costos funerarios. La contratación podrá ser compartida entre repartidor y plataforma “sin que ello implique relación laboral”.
El Gobierno sostiene que la propuesta delimita un sistema fiscal y de seguridad social propio para la actividad, evitando su encuadre en el derecho laboral tradicional.
Reclamo de los repartidores
La Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASiMM) en la reunión con la CGT, en la que también participaron dirigentes del consejo directivo de la central obrera, planteó su rechazo a la reforma y advertió sobre “la crisis de los trabajadores de plataformas”.
“Es de vital importancia que los compañeros que conducirán la CGT conozcan nuestra posición ante el proyecto de reforma laboral y la situación crítica de los repartidores”, señalaron desde ASiMM en un comunicado.
El secretario general del sindicato, Marcelo Pariente, agradeció el respaldo de la central y sostuvo que el sector vive una “anarquía laboral” desde la llegada de las aplicaciones:
“Desde el desembarco de las apps nos hemos mantenido firmes en la defensa de nuestros derechos, denunciando el fraude de la mal llamada ‘economía colaborativa’. La política está en deuda con los motociclistas y repartidores”, señaló.
El gremio anunció que continuará articulando con distintas organizaciones para llevar su posición a todos los espacios institucionales y legislativos en medio de la discusión de la reforma laboral.
Un debate que llega por primera vez al Congreso
La iniciativa del Gobierno representa el primer intento formal de regular por ley el trabajo en plataformas digitales en Argentina, un sector que experimentó un crecimiento en los últimos años y que hasta ahora operaba sin un marco específico.
Mientras el Ejecutivo busca consolidar un modelo de “prestadores independientes”, sindicatos y organizaciones laborales reclaman que la actividad sea reconocida como relación de dependencia o, al menos, cuente con mayores protecciones.
El debate ahora se traslada al Congreso, donde comenzará a discutirse el alcance del nuevo régimen en un escenario de tensiones entre el Gobierno, la oposición y el movimiento sindical.
