El gobierno mexicano presentó Coatlicue, una supercomputadora pública que busca colocar a México en el primer lugar regional en capacidad de procesamiento masivo de datos.
Con alrededor de 14.480 GPUs, el equipo forma parte del Plan México y pretende habilitar capacidades que hoy están fuera del alcance del país, como el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, predicciones meteorológicas de alta resolución, simulaciones científicas avanzadas, análisis fiscal y modernización de procesos logísticos a escala nacional.
Durante la conferencia matutina de este miércoles 26 de noviembre, José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital (ATDT), explicó que Coatlicue operará como un sistema compuesto por miles de procesadores trabajando simultáneamente.
La arquitectura incluirá unos 7.500 chasis, cada uno equivalente de manera aproximada a 50 o 60 computadoras tradicionales, ensamblados en alrededor de 200 gabinetes interconectados. En conjunto, la capacidad anunciada asciende a cerca de 314 petaflops, lo que significa más de 314.000 billones de operaciones por segundo.
«Para dimensionarlo, tareas que hoy requieren semanas en equipos gubernamentales podrían resolverse en segundos o minutos», explicó Merino.
Coatlicue resolvería problemas estructurales
Más allá de la escala física, el proyecto busca resolver un problema estructural: la falta de capacidad de cómputo para enfrentar desafíos públicos que dependen de datos.
En telecomunicaciones, por ejemplo, permitirá ejecutar modelados complejos de redes, simulaciones de propagación de señal, planeación de espectro y análisis de escenarios rurales que actualmente tardan demasiado o simplemente no se hacen por limitaciones técnicas.
En materia de clima, habilitará pronósticos más precisos, simulaciones hidrológicas y análisis del impacto de fenómenos meteorológicos con mayor granularidad.
El sector energético y del agua también figura entre los beneficiarios directos. Con una supercomputadora de este tamaño será posible estimar reservas superficiales y subterráneas, analizar imágenes de suelo para agricultura y realizar modelados de consumo eléctrico o exploración petrolera y de gas.
La fiscalización es otro caso que el gobierno destacó: la imposibilidad actual de procesar en tiempo real la información del SAT y de aduanas, y el potencial de Coatlicue para automatizar cruces de datos que hoy se realizan en papel o con sistemas fragmentados.
En salud pública, la capacidad de análisis masivo permitirá identificar tendencias epidemiológicas, procesar censos médicos y detectar variaciones geográficas en enfermedades crónicas.
Durante la presentación, Merino insistió en que la ciencia moderna depende de la modelación de datos a gran escala y que México no cuenta hoy con la infraestructura necesaria para hacerlo a la velocidad requerida.
El proyecto demandará energía eléctrica, sistemas avanzados de enfriamiento por agua y enlaces de alta velocidad. Su operación quedará a cargo de un equipo inicial de entre 80 y 100 especialistas que cubrirán infraestructura, mantenimiento y administración del sistema, mientras que los grupos científicos y técnicos de cada área utilizarán la capacidad bajo esquemas específicos.
La ubicación final se definirá en enero, con criterios como disponibilidad hídrica, acceso a energía, sismicidad y conectividad.
Una supercomputadora de uso público
Coatlicue actuará como nodo principal del clúster de supercómputo que ya existe en México y que incluye a instituciones como la UNAM, el IPN, el CINVESTAV y universidades estatales, detalló Rosaura Ruiz, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.
«Estas máquinas más pequeñas están actualmente conectadas, pero no alcanzan la magnitud de procesamiento que tendrá la nueva supercomputadora», explicó. Añadió que la construcción tomará 24 meses, con etapas que van desde diseño y permisos hasta obra civil, integración y pruebas.
Paralelamente, ya se creó un centro mexicano de supercómputo en Barcelona mediante acuerdo con el Barcelona Supercomputing Center, para comenzar a resolver problemas mientras se construye la infraestructura nacional.
El uso de Coatlicue será público: dependencias federales y estatales, instituciones educativas, centros de investigación y proyectos emprendedores podrán solicitar capacidad de cómputo.
Para el sector privado habrá un esquema de compra de procesamiento que, según lo presentado, aportará al modelo financiero sin perjudicar el uso público. El gobierno insistió en que la intención es evitar un escenario en el que la infraestructura crítica quede en manos exclusivas de empresas privadas.
Imagen principal: Gobierno de México
