El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) radicó ante el Congreso el proyecto de ley “Internet Solidario”, una iniciativa que busca convertir el Internet fijo en un servicio público domiciliario y garantizar tarifas diferenciales para los hogares más vulnerables del país.
Aunque la Corte Constitucional reconoció el Internet como un derecho fundamental, y la ley lo ha establecido como un derecho esencial, el ministro TIC, Julián Molina, explicó que aún falta un desarrollo legal que le dé contenido y alcance a este derecho, con herramientas que permitan que todos los colombianos accedan efectivamente a la conectividad.
Internet Solidario
La propuesta se fundamenta en el principio de solidaridad, por lo que los estratos 5 y 6, junto con las grandes empresas comerciales e industriales, deberán pagar un 30% adicional en su factura de Internet fijo.
Con estos recursos se subsidiará el servicio para familias de estrato 1 registradas en el Sisbén A ( sistema que clasifica a la población según sus condiciones socioeconómicas en el país), que podrán recibir un descuento de hasta el 55% del valor total de la factura.
“El acceso a Internet no debe ser un lujo, sino un prerrequisito para la inclusión social, la equidad y la participación plena en la vida económica, política, educativa y cultural”, afirmó el ministro Molina. “Con este proyecto lograremos disminuir la pobreza de Internet, que en Colombia se calcula en un 22%”.
De acuerdo con el MinTIC, los hogares más pobres del país destinan hasta el 30% de sus ingresos al pago de Internet fijo, mientras que actualmente los operadores ofrecen las mismas tarifas sin tener en cuenta la capacidad económica de los usuarios.
El proyecto contempla además que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y el Ministerio TIC definan una tarifa especial para nuevos usuarios de estrato 1, estimada en 35.000 pesos colombianos mensuales, con criterios de sostenibilidad económica.
Compromiso de los operadores
La iniciativa hace parte de la estrategia del Gobierno para reducir la pobreza digital y cerrar las brechas de conectividad, obligando a los operadores a ofrecer planes más asequibles para los hogares de bajos ingresos.
Además, fortalece las competencias de inspección, vigilancia y control (IVC), otorgándole a la entidad mayor capacidad regulatoria y supervisora sobre operadores de telecomunicaciones, plataformas digitales y demás actores del ecosistema digital.
Con esta medida, el MinTIC busca establecer un “pacto social digital” en el que la solidaridad entre estratos permita que millones de colombianos históricamente desconectados tengan acceso a las oportunidades que brinda la conectividad.
