El Gobierno colombiano en cabeza de los ministerios TIC, Transporte y de Defensa radicaron un proyecto de ley que busca establecer un marco normativo para el uso de drones en Colombia.
El proyecto establece parámetros para la tenencia, porte, transporte, vigilancia y control de los Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS), así como de los sistemas de contramedidas anti-drones (C-UAS). De aprobarse, el Ministerio TIC será la autoridad técnica encargada de garantizar la estabilidad de las telecomunicaciones y prevenir interferencias en el espectro radioeléctrico provocadas por el uso inadecuado de estos dispositivos.
El proyecto busca también reforzar el rol del MinTIC como supervisor del cumplimiento del régimen de telecomunicaciones, especialmente frente a riesgos derivados del uso de drones cerca de infraestructuras críticas como torres de comunicación, aeropuertos o centros de datos. Además, la entidad establecerá requisitos técnicos y operativos que aseguren la compatibilidad de los drones con las redes nacionales.
“Esta iniciativa es muy importante para la seguridad nacional y el uso eficiente del espectro. Hoy empezamos a establecer reglas claras para evitar interferencias y usos maliciosos de drones. Vamos a regular este espacio para que los aparatos que alcancen vuelos medios o altos cuenten con la licencia correspondiente”, explicó el ministro TIC, Julián Molina, en rueda de prensa.
Garantizar la seguridad nacional
Por su parte, el Ministerio de Defensa advirtió sobre el uso creciente de drones por parte de grupos criminales. Solo en lo que va del año, la Fuerza Pública ha sido blanco de 162 ataques con drones, un aumento del 138% respecto al año anterior.
“Este incremento demuestra la necesidad urgente de contar con una regulación que permita controlar todos los aspectos del ciclo de vida de los drones, desde su importación hasta su uso. Esta herramienta será clave para prevenir amenazas y proteger a la población”, aseguró el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.
El texto legislativo también contempla un régimen sancionatorio con multas, decomisos y suspensión de actividades ante el uso ilegal de estos equipos, incluyendo la interceptación no autorizada o la interferencia en frecuencias asignadas.
Con esta propuesta, el Gobierno busca cerrar vacíos regulatorios frente a una tecnología en expansión que plantea riesgos en términos de seguridad y gobernanza tecnológica.
